[Introducción del traductor:
Este artículo fue publicado por primera vez en español en Contrapunto:
http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-si/resistencias-y-luchas-sociales02/455-la-paz-de-los-pueblos-sin-duenos el 28 de abril de 2013. Fue republicado, con permiso, en un sitio web llamado Desinformemonos, y luego republicado nuevamente en un sitio llamado “Kaos en la Red” (Caos en la web: http://kaosenlared.net/america-latina /item/55999-en-colombia-la-paz-de-los-pueblos-sin-due%C3%B1os.html).
Los comentarios que siguieron al artículo en el sitio web de Kaos, por dos comentaristas anónimos/seudónimos, APCritico y María Madrugada, incluyeron lo que podría considerarse troleo en Internet si estuviera escrito en otro contexto. Sin embargo, en el contexto de la guerra civil de Colombia, en el que las acusaciones de pertenencia a la insurgencia por parte del Estado, o de pertenencia al Estado por parte de la insurgencia, han llevado a asesinatos de activistas, estos comentarios son mucho más insidiosos. APCrítico acusa a la organización indígena de estar al servicio del régimen, mientras “María Madrugada” dice que ACIN es asesorada por la CIA.
En una situación en la que los combatientes pueden reunirse y mantener un diálogo, en la que activistas como Rozental y Almendra pusieron sus propios nombres en una declaración pidiendo que los movimientos populares mantengan una posición autónoma frente a estos diálogos, las sucias acusaciones de anónimos o seudónimos Los trolls de Internet no merecen mucha consideración. También en este caso Rozental y Almendra ofrecen un ejemplo de cómo seguir intentando un diálogo constructivo a pesar de los repetidos intentos de perturbarlo. La respuesta de Rozental a algunos de estos trolls es la siguiente, publicada el 20 de mayo de 2013 en Kaos en la Red:
"Tanto el movimiento indígena como ACIN han dejado muy claras sus posiciones sobre las FARC, en relación con el Movimiento Social por la Paz y los demás temas discutidos en el texto. Es obvio que sus posiciones son diferentes en aspectos sustanciales a las nuestras (las de Rozental y Almendra), aunque también estamos de acuerdo en otros aspectos. No escribimos el texto esperando que todos estuvieran de acuerdo con lo que escribimos. Estas acusaciones y amenazas que se han hecho a raíz de este texto constituyen una negación del derecho a la libre expresión y una amenaza a nuestra integridad física y a nuestras vidas. No hay fundamento para estas acusaciones contra mí. Pongamos fin a esta intolerancia. Estamos en desacuerdo, pero mantengamos el debate. No nos eliminen en nombre de la paz y la justicia social. Por favor lea las ideas y argumentos y deje que sus propias ideas y argumentos también sean bienvenidos”.
La respuesta de Rozental es, como suele ocurrir, mucho más tolerante de lo que se justifica.
En nuestra opinión, estos trolls anónimos y cobardes de Internet no están contribuyendo en nada a la paz en Colombia. Deberían salir de debajo de sus rocas, tener el coraje de escribir bajo sus propios nombres como lo hicieron Rozental y Almendra, y ver cómo sus argumentos se sostienen a la luz. – Justin Podur y Mike O'Tuathail]
“En Colombia no tenemos desplazamiento porque hay guerra. Hay guerra y por eso puede haber desplazamientos”. Esta cita de Héctor Mondragón sugiere el carácter y los objetivos estratégicos del terror y la guerra al servicio de la acumulación capitalista que se ha impuesto a Colombia. Entendemos la guerra y el terror, vengan de donde vengan, como instrumentos de despojo contra el pueblo. El beneficiario de esta guerra y terror es el capital transnacional en su objetivo de apoderarse del territorio y la riqueza y controlar la mano de obra.
Esperamos que las negociaciones entre la insurgencia armada (FARC por ahora, pero probablemente también el ELN) y el gobierno colombiano concluyan rápidamente con un acuerdo firmado que garantice un alto el fuego definitivo y permanente entre las partes. El actual equilibrio de fuerzas en esta negociación debe examinarse a la luz de los objetivos estratégicos del capital y su dinámica en Colombia, por un lado, y a la luz de las luchas indígenas y populares, por el otro. Esto ayudará a ponernos en contexto y ayudará a las fuerzas populares a evitar una trampa que ayudará al capital en su objetivo de seguir desposeyendo a la gente, esta vez en nombre de la paz, mientras continúa la guerra y el terror por otros medios. Este texto presenta algunos argumentos en el espíritu de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria (1) cuando intentamos transformar “un país con dueños y sin pueblos en un país con gente y sin dueños” (2).
El modelo económico marca las condiciones
Colombia es un “país producto” (3) con enorme riqueza natural y una ubicación estratégica. El país transfiere esta riqueza a los grupos que controlan el poder corporativo transnacional. La historia reciente de Colombia ha estado determinada por los objetivos estratégicos del capitalismo en crisis. El terrorismo, la propaganda y la política del Estado han sido diseñados e implementados todo con miras al beneficio de las corporaciones transnacionales y las concentraciones de capital. El principio organizador central de este proyecto es el “libre comercio”, ejecutado bajo la coordinación de una serie de “tratados de libre comercio” (TLC) y el Plan Colombia (PC). En esencia, a través de los TLC y el PC, las corporaciones se han convertido en individuos protegidos con derechos legales. A través de una combinación de biopolítica y geoestrategias (4), las actividades económicas y productivas, el imaginario social, los territorios y las instituciones han sido subordinados a la lógica de extracción de riqueza en condiciones de desplazamiento y explotación sistemáticos, con las ganancias legales e ilegales transferidas a los poseedores del capital transnacional.
En las últimas cinco décadas, la agenda legislativa y los planes de desarrollo de los sucesivos gobiernos han culminado en un marco legal-institucional para desmantelar los derechos y libertades de los pueblos con el fin de garantizar intereses extractivistas y corporativos para preparar el terreno para los TLC. La oposición creciente y sólidamente argumentada ha sido constantemente ignorada, y los TLC han llegado a suplantar la Constitución de 1991, convirtiéndose efectivamente en un conjunto de constituciones supranacionales (5) que pusieron a Colombia y su pueblo bajo el control de las corporaciones globales. Esta conquista jurídico-legal no hubiera sido posible sin someter a todo el país a una coerción violenta (terror), con un proceso de construcción de consensos (a través de la propaganda). Al servicio de la acumulación, selvas, zonas rurales, valles fluviales, ciudades y barrios marginales se han transformado en colonias y campos de trabajo en estado de terror permanente bajo el control de grupos armados y mafias. Con el pretexto de una guerra contra las drogas y una guerra contra el terrorismo, coordinadas desde el Pentágono, se desplegaron las fases del Plan Colombia, poniendo al Estado al servicio del “libre comercio”. El resultado: la extensión del conflicto armado y el terror por todo el país, el desplazamiento de millones de personas y una de las crisis humanitarias más graves del mundo, la “flexibilización” de la fuerza laboral y el sometimiento de la fuerza laboral del país. ahorros y recursos a la extracción, la especulación y los intereses comerciales transnacionales.
El terror y la violencia garantizan y orientan el control político del Estado en áreas locales para imponer la agenda jurídico-institucional del “libre comercio”. También han sido fundamentales para la consolidación del control territorial para la acumulación. Una sofisticada estrategia de propaganda legitima este modelo de conquista, fabricando una historia falsa de un país democrático que sigue la ley mientras elimina o aísla a quienes proponen una visión alternativa. La propaganda genera resignación y consenso en torno al “realismo” de este “Modelo Colombia” (6), basado en la idea de que “no hay alternativa”. Una vez que el modelo esté suficientemente consolidado, el capital global podrá prescindir de la resistencia y de las alternativas: las condiciones para la negociación con la insurgencia están dadas.
En este contexto, Alfonso Cano, el asesinado Comandante en Jefe de las FARC, envió una propuesta de paz que, en esencia, es la agenda de negociaciones que actualmente se desarrollan en La Habana. La agenda adopta el marco general del “libre comercio” sin proponer la transformación de este modelo corporativo concentrador de riqueza. En retrospectiva, es evidente que mientras las FARC y el gobierno negociaron la agenda, los movimientos, organizaciones y procesos de resistencia y oposición y de lucha indígena y popular, ajustaron sus agendas en la misma orientación. La Minga de Resistencia Social y Comunitaria y el Congreso de los Pueblos que dio origen a la Minga quedaron debilitados. El Mandato original (7) terminó subordinado a otros temas que fueron debatidos en La Habana (8). Todo esto indica que el modelo económico ha sido protegido del escrutinio para hacer posible la negociación.
Saqueo a Colombia: La disputa por el poder
El capital transnacional tiene sus contrapartes nacionales, grupos exclusivos dedicados a la transferencia de valor a las corporaciones transnacionales. Estos grupos constituyen la élite del poder de Colombia, que sostiene su control sobre la riqueza natural, la fuerza laboral y los ahorros del país. Este es el Estado colombiano, cuyas élites asumen que su bienestar es el bienestar de la nación y que su derecho a gobernar es incuestionable. Sin embargo, éste no es un sector monolítico u homogéneo.
La lucha por alcanzar las cimas del privilegio y el control de las instituciones en beneficio propio es dura, y en el caso colombiano, particularmente cruel y violenta. Para dominar el territorio, el gobierno y el pueblo se requieren altos niveles de coerción, así como el establecimiento de consenso. Esta estructura de poder, basada en privilegios exclusivos, ha creado una contradicción permanente entre lo legítimo y lo legal, la criminalización de la supervivencia y la legalización de la criminalidad al servicio del poder. La estructura y dinámica social son violentas y promueven la violencia como condición para mantener la concentración de poder. Los poderosos protegen sus privilegios detrás del apoyo corporativo-imperial, su riqueza, terror, propaganda y políticas en su beneficio. Las burguesías tradicionales, constituidas en la “clase dominante”, son dinastías hereditarias (como el ex presidente Andrés Pastrana y el actual presidente Juan Manuel Santos, etc.) que se ven obligadas a competir y aliarse con clases y grupos emergentes (como el ex presidente Álvaro Uribe Vélez). ) para controlar recursos, mercados (legales e ilegales), territorios y fuerzas (militares y paramilitares).
Las mafias se han consolidado en niveles altos y bajos. Estas organizaciones jerárquicas tienen la capacidad de dominar el país y rehacerlo a su imagen. Todo ello se oculta con discursos, rituales y hábitos que generan la apariencia de civismo, democracia y respeto a la ley, el honor y el debate abierto de ideas y argumentos. De hecho, el respeto por las instituciones está consagrado en sistemas de selección y exclusión, así como en normas sociales de subordinación. Para ascender en la jerarquía, todo tipo de corrupción y terror se vuelven aceptables. Sentarse a la mesa con quienes controlan el poder en este “país producto” del capital transnacional crea una disputa entre enemigos para tratar de crear un equilibrio frágil y temporal de alianzas que pueden ser momentáneamente convenientes. Este es el ejercicio del poder en Colombia: el conflicto por el botín entre unos pocos que manipulan las instituciones en beneficio propio, con todo tipo de pretextos y argumentos (paz, democracia, desarrollo, progreso, etc.). Desde la perspectiva de estos grupos, la mesa de negociaciones con la insurgencia es a la vez un intento de llegar al poder mediante un acuerdo de paz y una disputa entre quienes calculan que si le dan un pequeño espacio a la insurgencia podrán seguir consolidando su guerra permanente. marco y defender su propia sección del botín contra aquellos que insisten en un alto el fuego o aquellos que insisten en destruir la insurgencia por completo, todos con el mismo objetivo final de privilegios para ellos mismos en mente.
Relegitimación con condiciones y escisiones
La Marcha por la Paz el 9 de abril de 2013, día de las víctimas, fue convocada por el gobierno de Santos y la burguesía tradicional, así como por la insurgencia y sus allegados. La marcha demostró la capacidad y la correlación de fuerzas a favor de las negociaciones. Su éxito allanó el camino para la instalación de una mesa de negociaciones entre el gobierno y la otra gran insurgencia armada activa en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (9). Los sectores fascistas liderados por Uribe declararon su oposición a la marcha y a la negociación, que argumentaron ofrecía impunidad a bandidos y criminales, promoviendo el terror y la guerra. Probablemente la mayoría de quienes marcharon por la paz no se identificarían con quienes la pedían en el lado opuesto, sino simplemente por el fin del conflicto armado. A pesar de las condiciones de privacidad y discreción, los diálogos han abierto espacios para un debate limitado sobre temas normalmente excluidos de la agenda política: la agricultura, la concentración de tierras, las zonas de reserva campesina, las garantías de participación política, los derechos de las víctimas del conflicto armado. , respeto por derechos y libertades que siguen reduciéndose, y otros. Estas aperturas son beneficiosas, pero su alcance es limitado.
Si el gobierno puede controlar a las fuerzas de ultraderecha y garantizar su propia estabilidad, mientras la insurgencia obtiene un mínimo de garantías y reformas a cambio de su inserción formal en la dinámica institucional como una organización político-electoral con una base significativa, el resultado Habrá un crecimiento del poder y del contenido del debate político, bajo el actual modelo de “libre comercio”. El establishment se relegitimará mediante la inserción e incorporación de nuevos actores, y aquellas reformas que no lo amenacen, se consolidarán. La negociación se presenta ante algunos sectores de la sociedad como una oportunidad que hay que aprovechar para no quedar fuera. La paz se convierte en un premio electoral y una oportunidad para ascender en las filas, pero también es una promesa lejana e incierta, para intentar cambiar las cosas desde dentro. Para otros, es una amenaza intolerable. Las negociaciones se desarrollan en medio de una guerra en la que el Estado, sin destruirlo del todo, ha demostrado su eficacia para encontrar y eliminar a altos mandos de la insurgencia. La perpetuación del terror y la guerra, el potencial desmantelamiento y descomposición de parte de la insurgencia en bandas criminales y la consolidación de mafias locales y nacionales han instaurado una cultura asfixiante que presiona a la población a exigir resultados y aceptar con resignación cuantos acuerdos sean posibles incluso si están lejos de lo necesario.
Las condiciones mínimas para un alto el fuego permanente y definitivo desde la perspectiva del establishment incluyen, por ejemplo, mantener o aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas previo al alto el fuego, relanzar la guerra con nuevos pretextos, garantizar los intereses de las transnacionales y proteger los monopolios económicos, incluida la agricultura. y especulación con la tierra, a expensas de la redistribución y la inversión social. Los movimientos indígenas y populares que se han venido movilizando contra el modelo independientemente de los actores armados han optado por modificar sus agendas transformacionales para participar en las negociaciones con propuestas político-electorales y reformistas. En estas circunstancias, debe reconocerse el peligro de transformar el acuerdo de paz en una redistribución del botín mediante un alto el fuego. El riesgo es para aquellas víctimas del conflicto que han exigido sus derechos y propuesto mecanismos de verdad, justicia y reparación dentro de los acuerdos.
Ni el Estado ni la insurgencia armada pueden construir la paz en nombre de Colombia
Las diversas organizaciones que constituyen la insurgencia armada, que han surgido en los últimos 50 años, son una respuesta a la ilegitimidad del Estado colombiano y del régimen al que sirve. Las FARC, nacidas como un ejército campesino, reunieron a las víctimas en defensa propia y para la protección de sus comunidades de la agresión violenta perpetrada por fuerzas estatales al servicio de terratenientes e intereses externos. Este ejército sufrió junto al pueblo y también fue víctima de los efectos de la política pública y la propaganda, así como de las terribles acciones de las fuerzas armadas colombianas y los escuadrones de la muerte respaldados por el Pentágono, que han dejado el terror y la impunidad como marcas indelebles en la vida colombiana. sociedad. Vale la pena recordar el exterminio de movimientos políticos como la Unión Patriótica (UP), y los cientos de masacres cometidas contra los colombianos y sus procesos organizativos de oposición y resistencia. Estas masacres demuestran cómo responde el régimen a quienes optan por abandonar la lucha armada o proseguir la lucha popular sin armas. Desafortunadamente, este “Ejército Popular”, desde hace décadas, es a la vez víctima y perpetrador de violencia. Se ha convertido en un matón más, sobre todo en los territorios donde su presencia es más fuerte.
En el contexto de la guerra y en su afán de reclutar y financiar su camino hacia el poder, las FARC han sometido al pueblo colombiano a la ley de sus armas, imposiciones, autoritarismo, sectarismo y numerosos actos de crueldad y terror. Sus fines retóricos se contradicen con sus acciones, que también se contrastan con las múltiples propuestas y movilizaciones planteadas por otros desde abajo, desde procesos colectivos, desde la noción de autonomía territorial y autogobierno comprometidos en resistencias, transformaciones y alternativas a la economía. modelo. Las FARC rechazan la libertad ideológica y política, y si bien enfrentan a las fuerzas estatales, también actúan contra los procesos indígenas y populares. Sometidas a las consecuencias de una guerra prolongada y a presiones que emanan de circunstancias y dinámicas cambiantes que presionan sobre la rigidez y la intolerancia, que son en sí mismas subproductos de una guerra revolucionaria que surgió en un contexto muy particular, las FARC convocan, persiguen, declaran fuerzas militares. objetivos y convertir en víctimas a aquellos a quienes, en principio, deberían proteger: las comunidades empobrecidas y aquellos comprometidos en la lucha popular. Lejos de proteger las iniciativas populares de transformación y resistencia, han tratado de someterlas a su organización político-militar. Al hacerlo, se convierten en un factor más en la guerra contra el pueblo, generando un pretexto más para estrategias destinadas a asegurar territorios para los intereses extractivistas a través del terror y la represión, para el sometimiento de los pueblos y sus territorios al servicio del capital. El capital logra así un objetivo estratégico: hace la guerra, involucrando a quien sea, y luego la blande como instrumento para el desmantelamiento de las resistencias populares y la paralización de la insurrección indígena y popular autónoma y transformadora, que está, a su vez, acribillada por el fuego cruzado. de la insurgencia armada y del régimen. En consecuencia, las comunidades en resistencia han pedido a las FARC que lleven su guerra a otra parte, insistiendo en que la insurgencia ha perdido legitimidad como portavoz de la lucha popular en Colombia.
Nos roban mediante la guerra; No deberían robar nuestra paz.
Lo que hay que negociar son las condiciones para un alto el fuego definitivo y permanente, que ponga fin a la guerra entre ellos y contra el pueblo. Los acuerdos deben garantizar que el pueblo recupere lo que es suyo, que no pierda más espacios autónomos de lucha que los que ya han sido restringidos por el terror y la guerra y los que podrían verse aún más limitados por la “paz” del régimen. La solución al conflicto social y político que generó la guerra excede la capacidad y legitimidad de quienes se sientan en las mesas de negociación así como el alcance de sus acuerdos. Ni el Estado ni la insurgencia tienen la legitimidad para representar y negociar la paz en nombre de todos los colombianos. Colombia, su transformación, su gente y su paz no figuran en las negociaciones entre el Estado y la insurgencia. El país no puede ni debe negociarse en estas mesas mientras se cierre la participación a otros sectores de su sociedad. Aquellos de nosotros excluidos estaremos ahora y siempre sujetos a las demandas de los actores armados y sus intereses, así como a las condiciones estructurales impuestas por el modelo económico a través de esas negociaciones. El reciente Paro Cafetero lo demostró al extenderse por todo el país, poniendo en evidencia la crisis del modelo económico y del Estado y su inutilidad para abordarla, así como un camino de resistencia y transformación autónoma desde las bases: paz es libertad. de la tierra y de sus pueblos.
Los acuerdos de cese al fuego, una vez ratificados, deben respetar y generar condiciones mínimas para promover procesos inclusivos, autónomos, participativos y de largo alcance de construcción de otra Colombia, retomando una vez más, el camino inicialmente propuesto por la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, la Congreso del Pueblo, y muchas otras luchas sociales y populares. Dentro de un proceso muy necesario de movilización y construcción colectiva de otro país, el Estado bajo tal transformación y la insurgencia, como movimiento político, tienen el lugar que les corresponde dentro de Colombia. Pero pretender que Colombia pueda encajar en el ámbito de las negociaciones Estado-Insurgencia, en las condiciones actuales, o intentar encajar la agenda del país transformado y los movimientos sociales y populares en la Mesa de Negociaciones, no sólo complicaría y obstaculizaría las negociaciones en curso, pero estos procesos se verían obligados por la dinámica a legitimar el régimen y el modelo económico existentes, generando falsas expectativas y frustraciones, ayudando de mala gana a consolidar las actuales estructuras de control político-territorial basadas en el estilo mafioso y el terror, dividiendo el país en botín mientras incorpora nuevas burguesías con nuevos discursos transformadores, a la economía extractivista. El sector fascista aprovecharía todas estas complicaciones, confusión y retrasos para reagruparse y actuar como ya está, mediante el terror y la muerte para desmantelar cualquier esperanza de una negociación exitosa y el inicio de un proceso de paz desde abajo.
El requisito que no se puede cumplir.
La paz exige que una Colombia indignada y devastada reclame primero al Estado pero también a la insurgencia la exigencia de respetar a sus víctimas. Este gesto de humildad, generosidad y grandeza no parece encajar, hasta el momento, en la agenda de estas negociaciones. Algún día tendrán que comprender y asumir la responsabilidad de sus crímenes y las consecuencias de sus acciones. Pero bajo la premisa de un orden social patriarcal, egoísta y arrogante, no podemos dejar de ver lo que hay que transformar: el mismo orden social que los llevó a usurpar, esclavizar y eliminar todo lo colectivo y común en interés de la humanidad. acumulación, hasta e incluyendo la vida misma. Algún día tendrán que estar preparados para disculparse sinceramente con Colombia y pedir que los incluyan en la construcción colectiva de otro país.
También tendrán que comprometerse seriamente con la verdad, la justicia y la reparación integral para todas y cada una de las víctimas, para nunca más (!) volver a mentir sin consecuencias. Esta es una condición fundamental para la paz y un resultado concreto de las luchas transformadoras. Como procesos indígenas y populares que luchamos contra “un país de dueños sin pueblo” y por un “país de pueblo sin dueños”, apoyamos plenamente un cese al fuego definitivo y permanente entre el Estado y la insurgencia, porque sabemos que es un paso esencial, un primer paso hacia la paz del pueblo, un logro colectivo que proviene de abajo y no de la explotación del capital.
Hacemos un llamado a “quienes nos ponen entre dos machismo, los cuales dan la espalda a […] la Madre Tierra – [mientras un] machismo grita y realiza acciones de guerra, violencia, fuerza bruta y recluta para su muerte a nuestros hijos e hijas de la armonía, [el] otro machismo nos condena a arrodillarnos ante el mandato de los poderosos, con razonamientos pragmáticos y impulsados por deseos autoritarios y egoístas–” (10), escuchar a nuestros pueblos, a nuestras comunidades y a nuestra Madre Tierra para que esa otra palabra silenciada salga de las sombras y se convierta en el camino que necesitamos para lo que determinamos que será nuestra paz. Una vez más, insistimos en que apoyamos el proceso hacia un alto el fuego negociado, y esperamos que los acuerdos se firmen pronto, de modo que tal paso nos permita acercarnos a la libertad que necesitamos para predicar la palabra y actuar de acuerdo con la Madre Tierra, sin patriarcados, transnacionales, élites y vanguardias iluminadas, extractivistas, monocultivos mentales y territoriales y aún más agendas de muerte al servicio de la codicia. Exigimos que el alto el fuego conduzca a la paz para todos.
La base fundamental de este texto reúne los aportes y posicionamientos de miembros de las comunidades indígenas del Cauca, colectivos de comunicación indígenas de diversas regiones de Colombia y algunos representantes de procesos indígenas y populares. Los autores desean especialmente reconocer las contribuciones de varios miembros de la Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). La responsabilidad por el contenido final de este texto es responsabilidad exclusiva de los autores.
Escrito por Emmanuel Rozental y Vilma Almendra para Revista Contrapunto, Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo, Montevideo, 2013.
Emmanuel Rozental es activista, escritor y militante de movimientos indígenas y populares. Fue el primer coordinador y miembro fundador de la Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida.
Vilma Almendra es comunicadora social y periodista. Es miembro de las comunidades Nasa-Misak del Norte del Cauca, Colombia, y miembro fundador de la Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la ACIN.
Referencias:
(1)Para contrastar la agenda de 5 puntos de la Minga modificada ver. Vieira, Constanza. Los 5 puntos de la agenda con Álvaro Uribe siguen vigentes. 2008-10-26. http://www.ips.org/blog/cvieira/?p=206. Consultado 2013-04-10
(2)Diálogo con el ELN más pronto que trade. El Espectador 2013-04-10. http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-415022-dialogo-el-eln-mas-pronto-tarde. Consultado 2013-04-10
(3)Francisco Santos, tal como Uribe, pide no marchar el 9 de abril. El Espectador, 2013 de abril de 04. http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-07-francisco-santos-tal-uribe-pide-no-marchar-el-414514-de-abril consultado 9-2013-04
(4)La paz con las FARC costaría 18 billones de pesos. RCN Noticias, 2013-03013. http://www.canalrcnmsn.com/noticias/ministerio_de_defensa_prepara_estrategia_si_se_logra_un_acuerdo_con_las_farc Consultado 2013-04-10
(5) Santos anunció guerra contra “Ollas” del país. El Tiempo, 2013-04-01. http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12719853.html. Consultado 2013-04-10
(6)PELÍCULA. Propuestas mínimas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 2013-03-06. http://www.movimientodevictimas.org/images/archivos2/folleto1A_1_68.pdf . Consultado 2013-04-10
(7)Ver, González-Posso, Camilo. Desde el Cauca, desarme la guerra.. 2012-07-24. http://www.censat.org/articulos/10024-analisis/10519-desde-el-cauca-desarmar-la-guerra. Consultado 2013-04-10
(8)Montoya Suárez, Aurelio. Las razones estructurales y coyunturales del Paro Cafetero. Entrevista, equipo Desde Abajo. 2013-03-22. http://www.moir.org.co/Las-razones-estructurales-y.html . Consultado 2013-04-10
(9)Rozental, Emmanuel. La crisis de ellos es en sentido inverso a la nuestra. En Palabras para Tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo. Gutiérrez, Raquel Ed. Pez en el árbol. Septiembre de 2011. Páginas 179-202
(10)Almendra Quiguanás, Vilma. La paz de Mama Kiwe en libertad, de la mujer sin amarras ni silencio. En Palabras para Tejernos, resistir y transformar en la época que estamos viviendo. Gutiérrez, Raquel Ed. Pez en el árbol. Septiembre de 2011. Página 146
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