[Publicado originalmente el 11/07/2007] [Fuente: ALAI] [Autor: Manuel Rozental] [Traducción: Micheal O'Tuathail]
La introducción del Mandato Indígena y Popular [2] de septiembre de 2004 en Cali planteó la lucha de los pueblos y movimientos sociales de Colombia. “El desafío que nos une” [3] es el reconocimiento de que no se trata de una lucha de reivindicaciones dentro de un orden social sino de una confrontación entre dos paradigmas, dos formas de entender la vida opuestas e incompatibles.
El Proyecto Muerte, que actualmente destruye a la Madre Tierra [4] mediante su insaciable afán de acumulación mediante la explotación de la vida, se enfrenta a la sabiduría ancestral de los pueblos que dieron origen al Plan de Vida, aquellos para quienes la vida es un fin en sí misma y el fin en sí misma. El objeto de la sociedad es promoverla y defenderla, promoviendo el equilibrio y la armonía. Afectados por contradicciones y rodeados de dificultades, algunos pueblos dentro del movimiento indígena y popular “pusieron nombre a su palabra” para actuar en consecuencia y han llamado a otros pueblos y procesos a tejer una jigra [una bolsa tradicional tejida a mano] de unidad para hacer posible otro país necesario. Quienes afirman ser dueños de una verdad, como la que se nombra en el Mandato, no la comprenden y la niegan. Nadie puede poseer la verdad. Las verdades son seres que tienen vida propia y se difunden por sí solas, por los caminos de la conciencia.
Este artículo no trata sobre ningún movimiento social colombiano en particular, aunque los nombra; se trata de la lucha entre un Proyecto de Muerte y los Planes de Vida de los pueblos. Desde la conquista, el movimiento indígena ha resistido, recuperado tierras y procesos, luchado por la autonomía y, finalmente, llegado a contribuir al tejido colectivo de alternativas sin pretender poseer las respuestas. Esa simple y hermosa verdad es una palabra que ilumina el camino; ahora es el momento de que se convierta en conciencia y acciones colectivas, para que pueda convertirse en libertad.
Revolución – Contrarrevolución
In La última masacre colonial [5], la evidencia histórica lleva a su autor, Greg Grandin, a concluir que América Latina está atravesando un proceso contrarrevolucionario permanente. Esta contrarrevolución es característicamente preventiva: se prepara y se implementa para evitar una reacción de procesos de resistencia. El carácter revolucionario de la resistencia no se define desde posiciones ideológicas sino desde la defensa de la libertad y la autodeterminación frente a la agresión del capital.
Esta dinámica revolución-contrarrevolución es resultado de la colonización de territorios y la opresión y explotación de pueblos y riquezas en beneficio de intereses particulares que a su vez son servidos por regímenes e instituciones hacia su insaciable deseo de acumulación. Desde la conquista hasta ahora, en cada fase (colonial, republicana, neoliberal, etc.), se han utilizado estrategias contrarrevolucionarias cruciales para establecer regímenes según la demanda. Grandin estudió la historia a través de las vidas de los líderes de los movimientos sociales, la resistencia guatemalteca, descubriendo desde allí la esencia de la resistencia continental basada en la historia. La flexibilidad estratégica, la adaptabilidad histórica y la acumulación sistemática de experiencias y conocimientos son inherentes a la intervención capitalista. Desde la conquista, la estabilidad de los regímenes ha dependido de la coerción y el consentimiento para obtener la mayor legitimidad posible sin sacrificar la máxima acumulación.
Las conclusiones de Grandin son particularmente válidas en Colombia. Nuestra historia es la historia de un robo a mano armada. El ladrón (un sistema dinámico proyectado por potencias que desarrollan sus contradicciones mientras compiten por lo que consideran propio) quiere cada vez más, y en cada período se apodera del trabajo, explota la naturaleza y expropia las riquezas de los pueblos. Alguna vez fue colonial, luego multinacional y ahora se está transnacionalizando. Se disfraza y esconde para persuadir. Usurpa posiciones, dicta normas, hace promesas e invierte de manera calculadora y sólo a cambio de mayores beneficios. Cuenta con socios y cómplices que se identifican con sus intereses y maneja enormes recursos adquiridos mediante el robo, la represión y el ejercicio del poder a lo largo de más de cinco siglos. Acumula conocimiento, poder y fuerza para robar. Está fundado en la hegemonía. Es ley, orden, institucionalidad, verdad oficial, mentiras ocultas, información y noticias, fuente de empleo, única posibilidad de riqueza y bienestar. Una vez alcanzada la hegemonía, ejerce el terror oficial –es decir, el “derecho al uso legítimo de la fuerza”– complementado con la implementación de una guerra sucia perpetrada a través de escuadrones de la muerte o grupos paramilitares, esencial para su mantenimiento. Estas fuerzas represivas “sirven y protegen”, adquiriendo la legitimidad que necesitan para someter a los pueblos, que es su función histórica final.
Como explica William Robinson [6], el robo actual es transnacional y sofisticado. Vivimos en un período de transición hacia la implementación de planes 'globales'. El ladrón conquista combinando estrategias, tecnologías y políticas, a través de diversos grupos de interés que compiten en alianzas, bloques económicos y conflictos tensos para controlar recursos, bienes y mercados. Penetran las fronteras de los países, llegan a todos los rincones del mundo, transnacionalizan cada entorno para integrar continentes enteros y someten a todos los pueblos a nuevos procesos de producción y acumulación. Se ha logrado la hegemonía. El ladrón se está reorganizando para ejercer el poder desde conglomerados corporativos comerciales y financieros a cuyo servicio se desarrollan los procesos de acumulación. Las corporaciones están controladas por élites que rotan su control de los altos cargos gubernamentales en los países e instituciones multinacionales más poderosos. Desde allí, dictan e implementan políticas y dirigen las principales fuentes de poder económico, militar y mediático. Estas élites comparten una identidad ideológica y compiten por el poder que acumulan y controlan en diversos grados. Tan fuerte es el deseo de controlar los recursos estratégicos, la mano de obra y los procesos productivos con la máxima productividad a un costo mínimo, y los mercados de bienes y capitales, al igual que las estrategias contrarrevolucionarias, que impulsa el proceso de robo transnacional y explica la realidad actual y tendencias. Por eso el terror, la propaganda y las recetas legislativas articuladas y aplicadas en diversos entornos transnacionales son estrategias esenciales del robo a mano armada para la acumulación económica en esta fase del capital "global".
Como documenta brillantemente Naomi Klein en su libro más reciente [7], este robo a mano armada emplea estrategias de "shock", que incluyen perpetrar o beneficiarse de ataques a gran escala que sacuden y conmocionan a las poblaciones de países y regiones enteros hasta el punto de que son quedaron completamente vulnerables y dependientes. Aprovechan esta situación para aplicar su receta preferida: el “shock económico”, legado de la Escuela de Chicago. La conocida receta de Milton Friedman se entiende de la siguiente manera: “ajuste estructural” para incluir la “liberalización” comercial y financiera y la apertura de la economía a los mercados globales; la 'desregulación' para sacar al Estado de la toma de decisiones económicas y la imposición de una 'flexibilización laboral'; y la 'privatización' de empresas y recursos públicos con el fin de acumular capital privado, libre de limitaciones como el derecho al bienestar colectivo. En este contexto, existe la necesidad de una 'descarga eléctrica', es decir, represión, terror y tortura aplicadas en todos los ámbitos para asegurar la destrucción preventiva de la resistencia de los movimientos sociales. La estrategia contra los pueblos y los movimientos sociales se está transnacionalizando actualmente bajo la 'guerra contra el terrorismo'. El terrorismo es promovido por el capital para justificar la guerra e inflar aún más la enorme industria de la "seguridad". El proyecto contrarrevolucionario desplaza la confrontación entre movimientos sociales y opresores del terreno político-ideológico al terreno de la guerra en un intento por justificar y legitimar la agresión.
El modelo colombiano
Colombia constituye un modelo particularmente cruel pero eficiente de robo a mano armada; el país se encuentra en un estado de "shock permanente" debido a la destrucción de los movimientos sociales para establecer la hegemonía capitalista:
Para empezar, Colombia tiene una historia acumulada de "hegemonía capitalista", que ha sofocado, controlado y destruido movimientos sociales durante décadas. Colombia es la 'democracia genocida' [8] por excelencia. El poder económico siempre ha utilizado el terror y la violencia, estrategias fundamentales para lograr sus fines. Para legitimarse, aplica el terror, los dispositivos de comunicación y la propaganda enmarcada por un régimen parlamentario legalista con la apariencia de una democracia estable. Los procesos electorales se repiten y se controlan cuidadosamente (por los poderes económicos, la propaganda y el terror) de tal manera que los "ganadores" son aquellos involucrados en ejercer la hegemonía y defender un "orden democrático institucional". Se impone una guerra sin alternativa al pueblo, cuya participación en alternativas se cita para legitimar la represión. Son reprimidos por el terror, un circo de mentiras y empobrecimiento, todo lo cual los obliga a hurgar en busca de sustento y mantener la cabeza gacha para sobrevivir.
En segundo lugar, el modelo ha superado crisis y períodos de ajuste violentos que se corresponden con transiciones entre las fases del capitalismo y luchas de resistencia popular, al mismo tiempo que ha acumulado la experiencia necesaria para adaptarse sin perder sus características esenciales.
El 'Modelo Colombia' refleja experiencias acumuladas en la lucha del capital contra los movimientos sociales. Es fundamental reconocer el heroísmo ejemplar de la resistencia en Colombia. El sacrificio, la creatividad, la diversidad y el resurgimiento persisten a pesar de una persecución despiadada en condiciones desventajosas y bajo presión constante. El modelo es tan fuerte como la resistencia de los pueblos que se han opuesto a él. Ha podido consolidarse mientras que los movimientos sociales no han podido hacer lo mismo. La nuestra es una historia marcada por las fases del capital y los ciclos reactivos de conflicto cuyo resultado ha visto a los movimientos sociales luchando por negociar las condiciones de su sumisión y explotación, especialmente ahora que el modelo económico se ha adaptado y consolidado. El modelo Colombia podría no haber existido si no fuera por el enorme apoyo externo (particularmente el de Estados Unidos) brindado a quienes estaban en el poder para mantener una correlación de fuerzas favorable a sus intereses e impedir el avance de los movimientos sociales. La resistencia popular ha confrontado el modelo en cada paso, iluminando sus contradicciones y desafiando la estructura de poder hasta el punto de haber creado crisis profundas y diversas en coyunturas críticas que lo han obligado a maniobrar y hacer concesiones para sobrevivir. Al borde del desastre, las crisis se han superado reforzando el modelo y así la gente no se ha liberado de la explotación. Actualmente, el resultado ha sido un país en manos de unos pocos, que están en deuda con el capitalismo global y han acumulado fuerzas y capacidades para subyugar a los pueblos y reducir los movimientos sociales a luchar por reformas y condiciones de explotación menos denigrantes, aspirando a una libertad que parece cada vez más distante e indefinido.
En estas condiciones, llegamos al período actual, de agresión neoliberal que impone el desmantelamiento de luchas de resistencia y derechos por los que tanto se ha luchado a lo largo de la historia. El establishment considera que la mayoría de la población es desechable. El Estado es un protector débil, con funciones mínimas de redistribución de la riqueza, seguridad social, defensa de los derechos fundamentales y desarrollo de la capacidad productiva y los mercados internos: se está convirtiendo en un Estado transnacional, que sirve a los intereses de las corporaciones globales y entrega territorio y recursos. . Esta transición está generando una crisis a través de la implementación despiadada de programas de ajuste estructural insertados por las élites, entregando el territorio nacional, la riqueza, los recursos y la mano de obra a la globalización neoliberal. Las intenciones de este plan quedan elocuentemente descubiertas y expuestas en un documento elaborado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Visión Colombia 2019 [9], que señala, por ejemplo: “en definitiva, la democracia no es más que la sociedad de ciudadanos que respetan reglas independientes de sus resultados”.
Las guerras contra el terrorismo, el paramilitarismo y el narcotráfico, la agresiva agenda legislativa, la política exterior del gobierno, el establecimiento de bases militares estadounidenses y la política de “Seguridad Democrática”, las negociaciones de TLC, la apertura y entrega de recursos, riquezas, ahorros y mano de obra al poder corporativo, la transformación del campo en monocultivos para biocombustibles, la mayor y más profunda crisis humanitaria del continente, la peor situación de derechos humanos, y la implementación del Plan Colombia, y la articulación de otros planes e iniciativas para La integración continental (PPP, IIRSA, etc.) son todas expresiones de este proceso de ajuste y promulgación. El proyecto paramilitar, apoyado desde EE.UU., es la adaptación del Modelo Colombia a este período de transición. Consiste en la apropiación del Estado por parte de escuadrones de la muerte [10] y elites locales y nacionales en el proceso de transnacionalización para la extracción de riqueza y valor al servicio de sus contrapartes corporativas. Es un modelo que se proyecta desde el territorio nacional colombiano hacia la región andina, el continente y otros contextos donde el capital global puede beneficiarse de las lecciones de esta experiencia de combinar el horror y la guerra permanente con leyes y elecciones. En Colombia, el plan de largo plazo del capital transnacional se está implementando al mismo tiempo que sirve a los intereses de gobiernos, instituciones e individuos. El plan seguramente se implementará mientras la resistencia no exponga a sus autores para detenerlos. La transnacionalización de Colombia se produce en un contexto continental marcado por el fortalecimiento de movimientos sociales y populares que empoderan a los partidos políticos y los llevan al gobierno como una forma de resistencia al modelo neoliberal. El desarrollo del conflicto colombiano y la suerte de los movimientos sociales en este país son trascendentales para el futuro de la resistencia continental. La capacidad de cambiar la correlación de fuerzas adversa, de comprender, resistir y generar alternativas, depende de si este modelo de terror y mentira seguirá imponiendo su proyecto de muerte desde Colombia, o si será detenido de tal manera que una país de dueños sin pueblos se convierte en uno de pueblos sin dueños [11].
La coerción sirve al proyecto económico. La estrategia de exterminio se ha intensificado y sus objetivos siguen golpeando dura y selectivamente. Masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, desplazamientos masivos, toda la guerra sucia y las reformas legales y constitucionales responden al proyecto de anexión eufemísticamente llamado “libre comercio”. Para ello, se revocan muchos derechos por los que se ha luchado y se aplastan libertades fundamentales. El empobrecimiento progresivo, el desempleo, el trabajo ocasional y el subempleo, y el desmantelamiento de una seguridad social ya reducida mediante la implementación de ajustes estructurales, condenan a la mayoría a una vulnerabilidad total al tiempo que crean las condiciones para la imposibilidad de la lucha social pacífica y la criminalización y persecución de los derechos sociales. protesta. El territorio colombiano está siendo dividido por megaproyectos, operaciones extractivas multinacionales, cultivos de biocombustibles e iniciativas y planes de integración. Esto explica el empobrecimiento de la población rural, el desplazamiento forzado de más de 3 millones de personas, la disminución de la producción de alimentos y el aumento de precios, la dependencia y el hambre. Las horribles estadísticas y la abundante documentación hablan por sí solas [12].
Consentimiento de fabricación
El consentimiento se mantiene a través de un sofisticado dispositivo de propaganda para penetrar la imaginación, confundir la realidad y distorsionar la memoria. Se impone la versión de la hegemonía. La pobreza, nos dice la versión oficial, es culpa de los pobres: ellos, los pobres, obligan al Estado a gastar dinero en ellos. Por tanto, se sostiene que es necesario reducir el gasto para reducir la pobreza. Se recorta el gasto redistributivo del Estado mientras se aumenta el gasto militar para reprimir a la gente con la fuerza. La guerra misma depende de la inversión de recursos públicos en beneficio de empresas privadas que generan enormes ganancias para unos pocos propietarios en cuyos bolsillos se concentra la riqueza. Esa riqueza se acumula a costa de la explotación y el desempleo que profundizan el conflicto social y promueven la guerra.
Consumo, entretenimiento y miedo trabajan juntos para ocultar la verdad con una versión oficial e ilusoria. La gente se entretiene mientras la matan y la explotan. El presidente ordena “luchar, pelear, pelear” mientras asevera que en Colombia no hay guerra ni conflicto armado. Y hay muchos que le creen. El poder es un acto permanente de propaganda servido no sólo por los medios de comunicación y la información y estadísticas oficiales manipuladas; el propio Estado, cortesía del ejecutivo, ofrece espectáculos públicos como “consultas comunitarias” e invierte en programas favoritos como “Familias en Acción” y “Familias Ranger”, programas discrecionales del ejecutivo que reemplazan el ya desmantelado sistema de seguridad social y servicios públicos. El régimen, apoyado por enormes presupuestos presentados como “ayuda exterior” de Estados Unidos, paga a contratistas expertos para que apliquen su experiencia internacional acumulada en la fabricación de realidades [13]. El lenguaje oficial que oculta, entretiene y somete es la mentira, que sirve para generar, ser cómplice, reproducir y promover la versión oficial. Mientras el terror paramilitar masacra e intimida, escolta a megaproyectos y transnacionales y acumula poder en todo el país, las víctimas escuchan al presidente alardear triunfalmente de que su gobierno “desmanteló el paramilitarismo”, obteniendo apoyo público porque, según él, merece ser reconocido. como actor político. El poder monta “falsos positivos”: ataques y asesinatos organizados por el Estado que causan víctimas y son actos de propaganda afirmados con argumentos cargados de sangre y terror diseñados para que la versión oficial no pueda ser cuestionada, justificando así la política de “sangre y fuego”. . La propaganda funciona: el presidente ha sido reelegido, el gobierno mantiene una popularidad superior al 75 por ciento en medio del miedo y la miseria. El fútbol tiene más espectadores, y Shakira y Juanes generan más movilización que los 3 millones de desplazados y los informes de las víctimas del régimen. Quienes se atreven a decir la verdad son acusados de mentir, tildados de “miserables” por el propio presidente, asesinados, desaparecidos o obligados a exiliarse [14, 15]. La maquinaria propagandística es tan sofisticada que aprovecha las condenas al régimen para promoverlo como democrático y transparente. Por ejemplo, el proceso que investiga la infiltración paramilitar en el establecimiento se presenta como evidencia oficial del compromiso del régimen con la justicia. Las numerosas condenas del Estado por crímenes de lesa humanidad en tribunales internacionales son descartadas como cosa del pasado y resueltas, utilizando fondos públicos para compensaciones inadecuadas, insuficientes y renuentes, que constituyen, según el gobierno, su dedicación a la justicia. Se culpa a las víctimas de torturas, desapariciones y asesinatos selectivos. La propaganda oficial niega responsabilidad mientras señala, difama y acusa.
La insurgencia
Colombia es un país en guerra, una guerra en la que los derrotados son el pueblo y los movimientos sociales y gana el proyecto transnacional que la aprovecha y la ve como un medio para imponer sus intereses y políticas.
Los movimientos insurgentes son una constante en la historia del conflicto colombiano. Su presencia se explica y justifica como una reacción contra el establishment. Las guerrillas son actores sociales que ejercen y promueven la lucha armada como resistencia y, desde su perspectiva, la única alternativa viable para resolver el conflicto colombiano. Los movimientos insurgentes han sido diversos en sus orientaciones, posiciones ideológicas, presencias y estrategias respecto del uso de la fuerza. Su tradición político-militar, su permanencia en el tiempo, su lectura de la realidad desde la perspectiva, la estructura y la experiencia de la guerra revolucionaria han contribuido a su defensa del uso de las armas y de la guerra como inevitables y necesarios para cambiar la correlación de fuerzas para asumir fuerza. Su capacidad militar, en particular la de las FARC-EP, y su amplia presencia en todo el territorio nacional, son determinantes en la dinámica de sus relaciones con la población en general, los movimientos sociales y populares y el establishment. La historia explica y ayuda a comprender su intolerancia hacia los movimientos sociales que no declinan ni respaldan claramente la lucha armada. La insurgencia ejerce una abierta oposición, confrontación e incluso persecución a personas y movimientos que cuestionan sus acciones. La dinámica de la guerra permanente, la magnitud de las fuerzas en su interior, las características del territorio y, sobre todo, las fases históricas del conflicto con el establishment han llevado a la insurgencia a variar desde actuar como movimientos políticos en armas o ejércitos insurgentes con discursos y objetivos políticos; es decir, entre ideas apoyadas en la fuerza y fuerza apoyada en las ideas. Los infructuosos procesos de diálogo, seguidos predecible e inevitablemente por la profundización de la guerra, han extendido y deteriorado el conflicto y al mismo tiempo han planteado obstáculos que parecen insuperables para encontrar una paz negociada, mientras persista la misma dinámica. El uso permanente de la violencia contra el pueblo tiende a radicalizar la insurgencia en el uso de la fuerza, engrosando sus bases de apoyo y sus filas. El dolor, la sed de venganza, la injusticia social, la impotencia y el deterioro de las condiciones de vida que resultan de la agresión del proyecto transnacional empujan a la gente hacia las filas de la guerrilla. Así como quienes critican al establishment son tildados de “terroristas” o “guerrilleros disfrazados”, quienes no se someten a las orientaciones de la guerrilla son tildados de paramilitares y se convierten en objetivos militares. El movimiento indígena y popular es víctima de esta trampa, que ha cobrado la vida de muchos líderes y mantiene sometida a la población mediante amenazas y persecución. La resistencia de los pueblos y movimientos sociales frente al proyecto del establishment es al mismo tiempo una demanda de autonomía frente a los actores armados. Los pueblos indígenas han sido muy claros en esta postura y les ha costado muy caro. Está empezando a surgir un movimiento en favor de un acuerdo humanitario. Su voz más visible es la del profesor Moncayo [17] (que caminó más de 1,000 kilómetros hasta Bogotá para exigirlo). También es portavoz de la mayoría de quienes rechazan la opresión y las políticas estatales y que también son víctimas de la guerrilla, aquellos a quienes el gobierno no puede llamar terroristas. Exigen justicia social, organizan la resistencia y rechazan inequívocamente la insurgencia y sus acciones contra la población.
Las vicisitudes de los movimientos sociales
Como bien señala Héctor Mondragón [18], el impacto de la guerra sucia y el Modelo Colombia en los movimientos sociales es innegable:
“Al igual que cómo el exterminio de más de 2,000 sindicalistas permitió la demolición del código laboral mediante 'reformas laborales', la liquidación de hospitales públicos, la privatización del sector de servicios públicos, Telecom y la refinería de petróleo de Cartagena, y la eliminación de El derecho de ECOPETROL a controlar el 50% de toda la explotación de petróleo y gas, el actual exterminio de los dirigentes indígenas se ha convertido en la base para la demolición de derechos duramente ganados reconocidos en la Constitución de 1991 y en la Ley 21 de 1991, que acepta el Convenio 169 de la OIT.”
La agenda neoliberal avanza, “limpiando” efectivamente los sectores y movimientos activos que resisten y aún no han sido desmantelados. El sector campesino ha sido duramente golpeado. Ahora, las estadísticas de la guerra sucia confirman que el proyecto de muerte no tiene piedad con el movimiento indígena y con los movimientos que defienden el derecho a la educación. La agresión generalizada y el “shock permanente” han obligado a los movimientos sociales a una posición en la que son fundamentalmente reactivos, fragmentados y sectoriales. A través de mecanismos de presión, la agresión afecta la agenda de los movimientos sociales, distorsionando el carácter de la resistencia. Se están organizando las víctimas, los defensores de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, de los servicios públicos y de los derechos laborales. Las coyunturas y reclamaciones críticas tienden a tener más peso que las cuestiones fundamentales. La desconfianza, el sectarismo y la radicalización de posiciones ideológicas obstaculizan la unidad y la cercanía entre los movimientos. La dinámica del mercado favorece la institucionalización de los movimientos sociales y, a su vez, su dependencia de la asistencia nacional e internacional (que tiende a ser burocrática y jerárquica) o del enorme y diverso sector de las ONG, donde se ven obligados a competir por recursos. control y especialización en áreas temáticas específicas. La falta de suficiente claridad política, combinada con estrategias de propaganda, cooptación y financiamiento, generan confusión y distorsiones que han llevado a los movimientos sociales a desplazar la prioridad de la resistencia. El proceso vivido por la ejemplar Iniciativa de Mujeres por la Paz [19], una amplia coalición que recientemente fue desmantelada, podría ser un efecto de estas presiones.
A pesar de representar alrededor del 20 por ciento de la población, los afrocolombianos no son un movimiento social unificado ni se han consolidado como una fuerza que busca posibilidades de transformar la realidad. Son, junto con la población indígena, las principales víctimas de la represión, la exclusión y el sometimiento. Con el apoyo del Proceso de Comunidades Negras [20], uno de los movimientos sociales afrocolombianos más admirables, las comunidades de la Costa Pacífica están liderando una lucha ejemplar por la defensa de su cultura y territorios ancestrales, avanzando hacia la imposición de una legislación colombiana. reconocer sus derechos [21]. Una vez que comenzaron el proceso de búsqueda de títulos colectivos sobre sus territorios, se convirtieron en objetivos prioritarios para los actores armados, los megaproyectos y los cultivadores de biocombustibles. Han sido sofocados por la agresión paramilitar con masacres y desplazamientos masivos. El sufrimiento, el dolor y la valentía de estas comunidades escapan a toda descripción. El desafío de consolidar la unidad afrocolombiana desde su historia e identidad es enorme y parece lejano. Todas las fuerzas agresivas logran diversos grados de éxito al dividir y debilitar a estas comunidades que, una vez unidas en su historia común y la articulación de sus movimientos sociales a lo largo de líneas de resistencia, deberían constituir una fuerza fundamental para la lucha popular.
A pesar de esta tendencia reactiva, dependiente y fragmentada, los movimientos sociales están identificando la agenda neoliberal de agresión, su omnipresencia y la relación que existe entre sus diversos impactos. Las iniciativas integradoras (como la Gran Coalición Democrática [22], aunque no es un movimiento social) estuvieron activas en el intento de articular la resistencia consciente de la población frente a un referéndum citado por el presidente como un medio para validar el ajuste estructural a través del apoyo popular. en las urnas. El gobierno no pudo obtener la cantidad de votos necesaria para que los resultados del referéndum fueran válidos. La lucha contra el TLC ha seguido articulando resistencia y movilización hasta el punto de que aún no ha sido aprobado en Estados Unidos. Aunque ha habido enormes movilizaciones sociales a lo largo y ancho del país en los últimos años, persiste una enorme brecha entre el discurso unificador y las prácticas concretas de los movimientos sociales. Acciones aisladas han permitido al gobierno reprimir violentamente movilizaciones que debieron generar solidaridad o evitarse para que se pudieran alcanzar sus objetivos. En momentos de crisis, hay movimientos sociales que asumen una posición política equivocada y no logran asociarse a la lucha popular ni a otros movimientos sociales. Esto bien podría deberse a deseos de liderar o negociar sus intereses particulares con el establishment sin los “inconvenientes” de otros procesos. En la práctica, esta posición es autodestructiva y daña todo el proceso de resistencia.
El camino a seguir
La transformación de los movimientos sociales en una fuerza política con apoyo de masas que pueda cambiar la correlación de fuerzas no ha sido posible en Colombia. Todo intento en esta dirección (y ha habido muchos a lo largo de la historia) se enfrenta a la intolerancia represiva y la persecución sangrienta del régimen. El caso más conocido es el de la Unión Patriótica, cuyos militantes y dirigentes fueron exterminados [23]. A esto le siguieron condiciones económicas, instituciones contradictorias y desconfiadas, sectarismo y diferencias que aún hoy siguen siendo insuperables. Los resultados de las elecciones presidenciales de 2006 establecieron al Polo Democrático Alternativo (PDA) como el partido de oposición al régimen, por encima de los partidos tradicionales, y el partido de izquierda con mayor apoyo electoral en la historia del país. El PDA está lejos de haberse consolidado como una fuerza de masas y, por el momento, es una coalición de diversas tendencias políticas organizadas en torno a una “ideología de unidad” [24].
A juzgar por las lecciones de la historia, el futuro del PDA depende del avance sólido y coherente de tres componentes: 1. Definir y defender una plataforma política que lo identifique en principio y en la práctica como un verdadero partido de oposición al régimen y al capital. , 2. Incrementar el respaldo electoral y ocupar cargos públicos del Estado de manera acorde con esa plataforma política, y 3. Consolidar y responder a la agenda popular que surge de un frente de masas conformado por movimientos sociales que están consciente, diversa y con capacidad de comprenderla y darle continuidad. Históricamente, las plataformas políticas y los frentes de masas han terminado subordinados a la dinámica del sistema electoral. En consecuencia, el proyecto popular está sometido al pragmatismo y al conflicto entre líderes y facciones que pugnan y maniobran desde posiciones de autoridad al ocupar puestos parlamentarios y directivos. Esa relación recíproca entre el PDA y los movimientos sociales seguramente definirá su futuro y permanencia. El ejemplo del TLC demuestra un camino ejemplar a seguir. Si bien el gabinete del PDA luchó en el ámbito parlamentario contra este acuerdo, también trabajó en procesos pedagógicos para iluminar los impactos de este perverso proyecto y se unió en acciones de resistencia popular. Si la agenda legislativa del gabinete organiza conciencia y movilización, el PDA y los movimientos sociales se fortalecerán. Se necesitan mutuamente para construir una alternativa viable y defenderse de la agresión del régimen.
Si bien el régimen mantiene un poder hegemónico, también enfrenta una grave crisis de legitimidad debido al ejercicio del terror, el deterioro de las condiciones y la calidad de vida de la población, el aislamiento del país de y dentro de procesos políticos alternativos, la destrucción ambiental , la corrupción, la concentración obscena de riqueza y poder, y la entrega de la soberanía al poder corporativo. La historia ofrece pistas claras sobre el camino a seguir por los movimientos sociales para profundizar la crisis y generar alternativas. Éstas incluyen:
1. No podemos cambiar lo que no entendemos. Es necesario aprender y comprender la totalidad del plan de agresión del capital y desarrollar la capacidad de ver sus impactos completamente sin perderse en luchas particulares y desarticuladas. Hay que entender la agresión desde el dolor tejido de cada proceso y persona.
2. Es necesario detener el continuo desplazamiento del terreno político-ideológico por parte del capital hacia la confrontación armada.
3. [Los movimientos sociales] deben diseñar estrategias prácticas y acciones coherentes para no permitir que la agresión obligue a que la resistencia tenga un carácter principalmente reactivo y fragmentado con agendas desarticuladas. Aquellos que sólo resisten están condenados a convertirse en agresores porque sólo entienden la agenda del opresor. Ningún movimiento puede hacerlo solo. Nos necesitamos unos a otros para resistir y transformar la realidad.
4. Es indispensable recuperar la memoria de luchas y experiencias acumuladas. Los agresores lo han hecho. La resistencia es una lucha desde la conciencia de los pueblos y una fuerza pedagógica basada en la memoria.
5. Luchar contra el dolor de cada pueblo y movimiento, pero prometer sentir y compartir el dolor de los demás, tanto de palabra como de acción, son la base de una agenda unificadora para una resistencia que no conoce fronteras.
6. Si uno carece de propuestas propias, debe aceptar y negociar las de los demás. El capital tiene planes, objetivos y estrategias. Es hora de que los movimientos sociales también los tengan, para que se conviertan en alternativas viables.
Otro mundo necesario es posible. Los que viven para acumular han sembrado muerte y dolor para Colombia. Un proyecto diferente (una contrahegemonía), en el que la vida sea un fin y no un medio para que algunos acumulen, ya no es una opción; más bien, es una obligación de los pueblos en solidaridad recíproca para que haya un futuro.
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1. Nuestra lucha es mucho más que un sólo tema de la agenda
[ 07/26/2007] [Fuente: Asociación de Cabildos Indìgenas del Norte del Cauca-ACIN ] [Autor: Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida]. http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=5455
2. Mandato Indígena y Popular del Primer Congreso Itinerante de los Pueblos. Santiago de Cali, septiembre de 2004. http://www.nasaacin.net/mandato_indigena_popular.htm
3. Introducción del Mandato Indígena y Popular: http://www.nasaacin.net/mandato_indigena_popular.htm
4. Libertad para la Madre Tierra: http://www.nasaacin.net/libertad_madre_tierra.htm
5. Grandin, Greg. La última masacre colonial: América Latina en la Guerra Fría. Prensa de la Universidad de Chicago 2004.
6. Robinson, William I. Una teoría del capitalismo global: producción, clase y estado en un mundo transnacional.
7. Klein, Naomi. La doctrina del shock: el surgimiento del capitalismo del desastre. Knopf Canadá 2007.
8. Giraldo, Javier. Colombia esta Democracia Genocida. Equipo Nizkor 1994. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/giraldo1.html
9. Departamento Nacional de Planeación, Colombia. Visión Colombia II Centenario: 2019. Planeta; DNP 2005
10. Impunes y camino a la legalización (Ley 975 de 2005), actúan simultáneamente como potencia política y económica y como terroristas.
11. Tejido de Comunicación ACIN. Declaración final de la movilización Por el País que queremos. http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=5794 2007.
12. Comisión Colombiana de Juristas. Informe 2007. http://www.actualidadcolombiana.org/pdf/Informe_ACNUDH_Colombia_2007_version_entrecomillada.pdf
13. Coronel, Daniel. El gentil señor Rendón. Semana.com. 08/29/2005. http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=1334
14. Revista Semana. Escuche la confrontación Uribe-Coronell. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=106790
15. VOLTEAR. Estado de la Libertad de Prensa en Colombia. Enero-Junio de 2007 http://www.flip.org.co/veralerta.php?idAlerta=220
16. Entre muchos casos, el asesinato de Jaime Gómez es revelador. Gómez, Diana. Sí…Asesinaron a Jaime Gómez, 09/27/2007 http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=6127 y http://www.nasaacin.net/noticias.htm?x=6160
17. Gustavo Moncayo El Caminante de la Paz. El Colombiano. http://www.elcolombiano.com/blogs/caminodelapaz/
18. Mondragón, Héctor. Estatuto Rural Hijo de la Parapolítica. Indymedia, 6 de julio de 2007. http://colombia.indymedia.org/news/2007/07/69053.php
19. Para saber más sobre esta extraordinaria iniciativa, ver http://www.mujeresporlapaz.org/vocesocho08.htm
20. PCN, ver http://www.renacientes.org/
12. Para información sobre la Ley 70, ver http://www.renacientes.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=113&Itemid=94
22. Sobre la Gran Coalición Democrática ver http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=268
23. Encuentro Nacional de Víctimas. Ver http://www.indepaz.org.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=525
24. Ver www.polodemocratico.net
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