Humberto Montes de Oca es el Secretario de Relaciones Interiores del Sindicato Mexicano de Trabajadores Eléctricos (SME). Originalmente era un estudiante de arte de clase trabajadora que se volvió activo en los movimientos políticos de izquierda del período de la Guerra Sucia en México (década de 1970 a principios de 1980). Se unió al SME como un acto político para formar parte del movimiento obrero radical del país, y se convirtió en uno de sus líderes más importantes.
En 2009 la administración de Felipe Calderón disolvió la Empresa de Energía y Luz del Centro de México, una de las dos proveedoras nacionales de energía eléctrica del país. Luego declaró que el sindicato era inexistente y despidió a sus 44,000 miembros. Mientras que otras administraciones habían considerado al SME, uno de los sindicatos más antiguos, democráticos y radicales de México, como un oponente político, ningún gobierno antes había dado un paso tan extremo.
Alrededor de 16,000 afiliados al sindicato decidieron resistir el ataque e iniciaron un esfuerzo que continúa hoy para recuperar sus puestos de trabajo y sus derechos laborales, incluido el contrato sindical. Mantuvieron intactas la estructura y la sede del sindicato y luego crearon una cooperativa de trabajadores aliada para generar trabajo y ayudar a los miembros a sobrevivir. Los demás miembros aceptaron el paquete de indemnización del gobierno y renunciaron a sus derechos sindicales y laborales.
En esta entrevista, presentada como una narrativa en primera persona, Montes de Oca describe el estado actual del sindicato y su relación con la administración progresista del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El estado actual de la reforma laboral
Hoy nos encontramos en una situación creada por la reforma de la libertad sindical de 2019. En cierta medida esa reforma fue impuesta al gobierno por la presión de los sindicatos de Canadá y Estados Unidos, como parte de la negociación del nuevo tratado de libre comercio T-MEC (Tratado–México Estados Unidos Canadá, USCMA en inglés). Se presionó a México para que hiciera cambios en la representación sindical porque el charrismo y los contratos de protección patronal se utilizaban para abaratar la mano de obra de los mexicanos. Los trabajadores de Canadá y Estados Unidos estaban en desventaja. La inversión de capital llega a México debido a estas condiciones más favorables.
En México, argumentaron esos sindicatos, los trabajadores deberían tener una mayor capacidad de defender sus intereses para aumentar sus beneficios e ingresos. Esta reforma se implementó usando esta lógica. Requiere que todos los sindicatos demuestren que son representantes legítimos de los trabajadores y creen contratos laborales colectivos legítimos. Los sindicatos empresariales y de protección patronal se opusieron a esta reforma porque va en contra de sus intereses. Pero también se han adaptado inventando una estrategia en la que siguen el proceso, aunque en realidad todo sigue igual.
Es cierto que los sindicatos estadounidenses y canadienses buscaron integrar las reformas laborales de la legislación mexicana al capítulo laboral del T-MEC. Pero también es cierto que en el sindicalismo mexicano existe una tradición de lucha democrática. Nuestra propia supervivencia como sindicato ha sido una lucha por la democracia sindical en duras batallas en los años 70, 80 y 90.
Pero la reforma creó órganos, como el Centro Federal de Registro Laboral, que ejercen poderes muy arbitrarios de una manera que no corresponde al espíritu de la ley. Existe el peligro de que los propios sindicatos pierdan su autonomía y el movimiento sindical su independencia.
Sin embargo, hay grupos de trabajadores que están aprovechando la situación para liberarse de los sindicatos charros. El ejemplo más claro es la victoria del sindicato independiente en la planta de General Motors en Silao. Podemos ver que es posible que los trabajadores, utilizando este proceso de legitimación, desplacen a los sindicatos charros y logren una auténtica negociación colectiva.
Entonces hay dos tipos de resultados. Por un lado, un proceso simulado permite legitimar sindicatos charros y de protección mediante un procedimiento fraudulento. Por otro lado, un proceso auténtico permite desplazar a los charros y crear nuevos sindicatos democráticos.
Desafortunadamente, todavía no existe un compromiso para que los sindicatos independientes establecidos impugnen de manera generalizada la antigua estructura de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). Los sindicatos democráticos están fragmentados.
Al mismo tiempo, la izquierda ya no habla de sindicatos. Está perdiendo su vínculo con los trabajadores. Necesitamos un movimiento obrero que se considere una clase, más allá de sectores o ramas individuales. La nueva Central Obrero y las organizaciones de otros sectores que quieren un movimiento por la democratización sindical en nuestro país deben unirse. Tenemos cuestiones comunes: libertad de asociación, democracia sindical, seguridad social, pensiones, jubilaciones, salarios: la base para generar un movimiento. En ese movimiento hay lugar para muchos esfuerzos, incluidas las Casas Obreras, los nuevos sindicatos y federaciones de sindicatos emergentes y los viejos pilares del sindicalismo democrático como el SME.
Quizás a medio y largo plazo se produzca un reagrupamiento. Incluso si algunos no están avanzando en esa dirección ahora, tal vez más adelante se convenzan de que es necesario y puedan ayudar a construir ese proceso.
Nacionalizando la industria energética
Compartimos con el gobierno la idea de nacionalizar la industria eléctrica. En el pasado defendimos la industria eléctrica nacionalizada contra la privatización paulatina que se dio en administraciones anteriores.
Hoy llamamos a revertir la reforma estructural privatizadora de Enrique Peña Nieto, impuesta en 2013. Pero queremos agregarle una dimensión social, el reconocimiento del derecho humano a la energía como un derecho constitucional, y la gestión social de esta área estratégica, con amplia participación. de técnicos, trabajadores y usuarios de energía. Necesitamos investigadores que sepan gestionar esta empresa pública y no convertirla en un instrumento político del Estado y del partido en el poder. Esto es lo que hemos visto frecuentemente en nuestro país, en el caso de las empresas públicas.
No basta con nacionalizar o renacionalizar la industria energética. Necesitamos la gestión social de industrias estratégicas para el bien común, con la amplia participación de la sociedad, de los trabajadores, de los especialistas, de los propios consumidores de energía. El derecho a la energía es un derecho humano inalienable. La solución no es tan sencilla como decir “que se haga público y listo”. Lo que tenemos ahora es la burocratización de la gestión: funcionarios públicos que obedecen a la lógica comercial más que al interés general de la sociedad.
La Comisión Federal de Electricidad, la empresa que suministra energía eléctrica, es una empresa pública, pero eso no quiere decir que tenga carácter social. La empresa aún así te suspenderá el pago si no pagas.
Relaciones difíciles con la administración de López Obrador
AMLO se postuló para el cargo en 2010, durante la huelga de hambre en la que nuestro sindicato luchó contra el ataque que pretendía destruirnos. En una ocasión vino a estar con nosotros. Nos entregó una carta en la que prometía que cuando fuera presidente, nos reintegraría al mundo laboral. Hasta la fecha no ha cumplido con este compromiso y no ha dado audiencia al sindicato.
En cambio, AMLO ha apoyado a los ex dirigentes de nuestro sindicato, quienes en 2009 pidieron la capitulación del SME. Querían cobrar la indemnización por despido, por lo que dimitieron del sindicato e intentaron disolverlo, liquidando sus bienes y repartiendo el dinero entre los trabajadores. Nos comprometimos a resistir y luchar contra el decreto de extinción. Ellos abandonaron esta lucha y sin embargo, después de que luchamos durante 14 años, ellos son los que están cerca del presidente.
Algunos funcionarios, como el portavoz presidencial Jesús Ramírez Cuevas y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, están utilizando a estos grupos disidentes para atacar al sindicato. Amenazan con apoderarse de nuestras instalaciones mediante la violencia y montar una campaña mediática de difamación.
La gente en este gobierno cree que el partido gobernante debe tener sindicatos que sean útiles, leales y subordinados. Para ellos, una PYME corporatizada sería útil. Como no hemos mostrado ninguna subordinación y salvaguardamos nuestra autonomía, esto no les gusta.
Nuestra organización siempre ha sido crítica. Reconocemos que el presidente está haciendo un esfuerzo por recuperar la soberanía energética del país, pero también tenemos críticas a su política laboral. Hay muchos conflictos y huelgas sin resolver, como la huelga de tres años en Sur Notimex y la huelga de los mineros en Cananea. No hay solución para nuestros compañeros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. En resumen, la política laboral del régimen no es lo que uno podría esperar de un gobierno democrático.
El gobierno actual tiene poco diálogo con los movimientos sociales, a diferencia del progresismo en Sudamérica, donde presidentes como Lula, Chávez y Evo Morales han tenido mucha comunicación con ellos. En México, muchos movimientos sociales que apoyaron a MORENA [el actual partido de gobierno] en 2018 se sienten decepcionados porque no han visto mejorar su situación ni atención a sus demandas. El gobierno propone una relación directa con la población sin intermediarios. En su opinión, un sindicato, una organización vecinal o una organización de académicos o investigadores es un intermediario. En cambio, el gobierno apoya al pueblo a través de su política social y programas de asistencia.
Esta es una política electoral clientelista, y en la Ciudad de México, MORENA perdió la mayoría de las alcaldías en las últimas elecciones. La ciudad ha sido la cuna del movimiento social de izquierda en México, pero no hay una buena relación entre el gobierno y sus movimientos sociales.
El estado de la PYME hoy
Actualmente contamos con una membresía de aproximadamente 15,000 trabajadores activos y 10,000 jubilados, que provienen de la ex empresa Luz y Fuerza del Centro. Tenemos trabajo en las plantas de generación recuperadas de esa empresa pública, y otros emprendimientos económicos donde tenemos contratos colectivos. Tenemos un convenio colectivo con Generadora Fénix y un contrato con la empresa portuguesa Mota-Engil, donde formamos parte de la sociedad anónima generadora de electricidad. Tenemos derecho al 50 por ciento de los beneficios de la empresa.
Tenemos otros contratos colectivos con otras empresas, convenios más pequeños, que nos permiten llevar el registro industrial nacional de nuestro sindicato. También tenemos gente trabajando en la cooperativa LF del Centro. El sindicato está integrado por trabajadores que trabajan bajo contrato colectivo de trabajo, trabajadores cooperativos que trabajan en los proyectos de economía social y solidaria del sindicato y trabajadores que no tienen empleo.
Estamos incorporando como afiliados a los hijos de los trabajadores en resistencia, no sólo en términos de buscar trabajo, sino creando espacios para nuestros jóvenes y niños. Disponemos de grupos para mujeres y para pensionados y jubilados. Según la ley mexicana tenemos una dirección legal, legítimamente constituida y democráticamente electa. Queremos brindar espacios de participación.
Tenemos fuerte presencia en los estados del centro de México, con estructura gremial en Morelos, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Mantenemos una fuerte alianza estratégica con los usuarios de la energía eléctrica –la Asamblea Nacional de Energía Eléctrica– y realizamos jornadas de lucha los días 11 de cada mes. Nuestro objetivo es la reinserción laboral en la industria eléctrica nacionalizada. Queremos que los usuarios reconozcan el derecho humano a la energía. Los usuarios necesitan hacer borrón y cuenta nueva para que sus deudas sean perdonadas.
Tenemos muy buenas relaciones con los sindicatos de Estados Unidos y Canadá. Pudimos presentar una queja bajo el capítulo laboral del antiguo TLCAN gracias a la ayuda de los sindicatos de ambos países. Esa denuncia nos ayudó a presionar al gobierno de Peña Nieto para que encontrara una solución política a nuestro conflicto. Trabajamos para mantener esas relaciones.
Este vínculo entre sindicatos es necesario para defender los intereses de la clase trabajadora en nuestros tres países. De hecho, hay mayor protección y más libertad para los trabajadores en México que en Estados Unidos, donde los derechos laborales están muy restringidos. El artículo 123 de nuestra Constitución y la Ley Federal del Trabajo son producto de nuestros movimientos sociales. Sin embargo, paradójicamente, nuestros niveles de ingresos son mucho más bajos y los sindicatos en nuestro país a menudo operan en nombre de los intereses de los empleadores y no de los de la mayoría de los trabajadores. Y no hay un auténtico respeto por la autonomía de los sindicatos.
Somos parte del proceso de cambio en América Latina. Hemos programado varios eventos que reunirán a trabajadores internacionales de la energía. Tratamos de apoyar a los trabajadores de Francia, que defienden su sistema de jubilación, y al pueblo peruano que está siendo masacrado. Acabamos de firmar una declaración en oposición a los ataques a las comunidades indígenas zapatistas por parte de grupos paramilitares vinculados a la élite política en el estado de Chiapas.
Crear una membresía con conciencia de clase
Antes del intento del gobierno de destruir el sindicato en 2009, teníamos una escuela para activistas sindicales, organizada por colegas jubilados con experiencia política. Todos los representantes sindicales debían participar en esta escuela de formación obligatoria. Tuvimos una serie creciente de módulos generales, desde la historia del movimiento obrero y de nuestro sindicato hasta el estudio de la economía política, el materialismo histórico y el marxismo.
Cuando ocupé el cargo de representante departamental, era un trabajador de base de distribución subterránea en el departamento de cable subterráneo. Tan pronto como comencé a representar a mis colegas, inmediatamente comencé a asistir a estas clases.
Los capacitadores provinieron de la universidad nacional y otras instituciones de educación superior, como Alejandro Álvarez y Andrés Barrera. Tuvimos talleres sobre el derecho humano a la energía. Pero a menudo se trataba de una educación dogmática y muy sofocante, en el sentido de que la realidad se interpretaba con los ojos del pasado. La prueba del dogmatismo fue que los profesores que impartían esas clases fueron de los primeros en rendirse cuando el gobierno nos atacó en 2009.
Lo que había que hacer era crear teoría y práctica basadas en nuevos desafíos y condiciones: una nueva situación con nuevos objetivos. El desafío es comprender la realidad que vivimos y utilizar el marxismo como herramienta metodológica para interpretarla y cambiarla. Lo que ocurrió hace 100 años no se puede repetir ahora. Hay muchos cambios en la economía, en la política, en la ideología, que necesitan un análisis contemporáneo desde una perspectiva revolucionaria, tratando de formular una alternativa.
Somos capaces de crear y recrear ideas revolucionarias basadas en las necesidades de nuestro tiempo.
Vamos a reactivar y reestructurar la escuela de activistas. Tenemos que lidiar con la realidad del cambio generacional y asegurarnos de que nuestros líderes tengan las herramientas y el conocimiento que les permitirán darle la dirección correcta a nuestro sindicato.
Contamos con becas para los hijos de trabajadores que pertenecen al sindicato. Los llamamos hijos de la resistencia, hijos e hijas de los trabajadores que resistieron la extinción de nuestra fuente de trabajo y la disolución forzada de nuestro sindicato durante los últimos 14 años. Los estamos incorporando a nuestro programa de formación. Reciben una introducción sobre los sindicatos y luego una explicación de cómo nació nuestro sindicato y su historia a lo largo de 100 años. Hablamos de los momentos más importantes de la lucha, de cómo creamos un proceso de resistencia para evitar su desaparición y de nuestra perspectiva de futuro.
Este artículo de la Congreso Norteamericano de América Latina (NACLA) es una versión abreviada de una serie de entrevistas de UCLA. Las conversaciones completas fueron publicado por el Instituto de Investigación sobre Trabajo y Empleo (IRLE), el Centro Laboral y el Centro de Estudios Mexicanos de UCLA.
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