Traducido por Justin Podur
Para entender lo que está sucediendo con los Acuerdos de Paz de Colombia, es necesario identificar el enorme poder político que ostentan los grandes terratenientes de Colombia. Sin entender el problema de la concentración de la propiedad de la tierra, es imposible entender todo lo que ha sucedido en el país en los últimos ochenta años.
El Partido Socialista de los Trabajadores de Alemania en 1875 identificó en su programa el problema de que los medios de producción estaban bajo el control monopólico de la clase capitalista. Marx criticó su formulación por descuidar el “monopolio de los terratenientes(el monopolio de la propiedad de la tierra es incluso la base del monopolio del capital)”. Añadió que incluso “en Inglaterra la clase capitalista normalmente ni siquiera es propietaria del terreno en el que se encuentra su fábrica”.
Ahora, en el 21st siglo, en Colombia es notorio el poder económico y político de los grandes terratenientes. La prolongación del conflicto armado desató una contrarreforma agraria y millones de campesinos quedan desplazados. Colombia se ha convertido en el país con la tierra más cara de la región (1) y la mayoría de las tierras cultivables no están cultivadas. (2).
El conflicto armado se ha convertido en un ancla que pesa sobre los movimientos sociales y en un obstáculo en el camino de las luchas de trabajadores y campesinos por sus derechos. Sirve de pretexto para la represión y el asesinato de líderes populares. Los pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y sindicalistas y defensores de derechos humanos han pagado el precio más alto en vidas y sufrimiento por la continuación del conflicto armado. Quieren que esto termine.
Los terratenientes han obtenido beneficios durante todo el período de guerra. No tienen interés en devolver las tierras que han robado y quieren continuar el proceso de desplazamiento. La guerra también sirve a quienes imponen megaproyectos minerales, petroleros y otros que devastan el medio ambiente porque proporciona el pretexto para la eliminación física de los líderes de la oposición a estos proyectos. Estas campañas de asesinato no son exclusivas de Colombia: ocurren en toda América Latina y en otras partes del mundo.
Aquellos que se benefician de la guerra no aceptarán ningún acuerdo de paz –ni siquiera uno que hayan podido editar y redactar– porque saben que el efecto principal del fin del conflicto armado será que el pueblo, especialmente el campesinado, podrá organizarse y movilizarse como movimientos de masas por sus derechos. Esto no será tolerado a menos que se lo imponga una movilización de millones de colombianos decididos que se niegan a aceptar un regreso a la guerra y que se niegan a creer en campañas sistemáticas de mentiras.
Ni el acuerdo de paz firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 ni el firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 serán aceptados por los voceros de los terratenientes y megaproyectos porque no aceptarán ningún acuerdo de paz, jamás.
La esperanza generada por el acuerdo firmado en Cartagena se asemeja a la esperanza despertada por los Acuerdos de Oslo del 13 de septiembre de 1993 entre Israel y Palestina, por los que Yitzhak Rabin y Yasser Arafat recibieron el Premio Nobel en 1994.
La derecha religiosa nunca aceptó los acuerdos de Oslo. Los asesinatos y los ataques fueron el camino por el cual el acuerdo fue erosionado y finalmente roto. El 4 de noviembre de 1995, tras una enorme manifestación de apoyo a la paz, Yitzhak Rabin fue asesinado por un extremista religioso. Rabin acababa de decir en su discurso: “Fui militar durante 27 años. Hice la guerra mientras no había posibilidad de paz. Creo que ahora existe una oportunidad para la paz, una gran oportunidad, y debemos aprovecharla al máximo”.
Cuando se reanudaron los combates entre el ejército israelí y los grupos armados palestinos, Yasser Arafat estuvo bajo arresto domiciliario israelí en Ramallah desde 2001, una violación de lo que quedaba de los Acuerdos de Oslo de 1993. El gobierno israelí ha seguido construyendo colonias en territorio palestino reconocido. bombardearon e invadieron ciudades palestinas cientos de veces y convirtieron a Gaza en un gueto donde los palestinos son asesinados y masacrados sistemáticamente. Israel está gobernado por quienes se opusieron a los acuerdos de paz, quienes declararon a Rabin “traidor”; en lugar de paz, hay una pesadilla racista.
Los colombianos tenemos que hacer todo lo que sea necesario para defender la paz, para evitar lo que ha ocurrido en Palestina: resistir la planificada gazificación del proceso de paz de Colombia. Desafortunadamente, las cosas se están moviendo en la dirección de la gazaficación.
En primer lugar, mediante un fraude masivo, miles de votantes fueron mal dirigidos con mensajes que les decían que sus pensiones de jubilación se reducirían y sus servicios sociales se eliminarían si se aprobaban los acuerdos de paz; que el acuerdo de paz “promovió la homosexualidad” y la “ideología de género”; que se incautarían medallones de taxis para entregarlos a guerrilleros desmovilizados; que muchas personas respetadas y famosas (que estaban a favor de los acuerdos de paz y votaron “Sí”) iban a votar “No”. El resultado del fallido plebiscito sobre el acuerdo fue consecuencia de un fraude, pero se utilizó para modificar los acuerdos.
En segundo lugar, las modificaciones de los acuerdos se han producido a expensas de los campesinos, las comunidades y la reforma rural prometida.
El deterioro del texto de los acuerdos de paz sólo podría justificarse si los nuevos acuerdos incorporaran a un actor armado que, hasta ahora, no ha aceptado la paz. Al fin y al cabo, un acuerdo de paz es entre enemigos: no es una ley definida mediante el voto de la población. Un acuerdo de paz es lo que es precisamente porque no no refleja el pensamiento de cualquiera de sus firmantes que lo acepten; es esencialmente un acuerdo sobre concesiones mutuas por parte de quienes habían estado en guerra. Y, sin embargo, en este caso las concesiones a los terratenientes se dieron sin ninguna promesa por parte de ellos de aceptar la paz. De hecho, continúan avanzando en sus propios planes para la continuación de la guerra.
En tercer lugar, y lo peor, desde los días previos a la firma de los acuerdos y más en las últimas semanas, se ha desatado una nueva ola de asesinatos de líderes indígenas, campesinos y afrocolombianos. Quienes han cuestionado el fracking de gas en el Cesar han sido arrestados y detenidos. En Caquetá han sido asesinados. El joven gobernador del Putumayo, que desafió a los terratenientes tradicionales y es un firme defensor de la paz y los derechos rurales, ha sido derrocado. El izquierdista exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue multado con 67 millones de dólareslars porque bajó el pasaje del bus mientras esté en el poder.
Cuarto, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, envió a la policía a destruir el Campamento de Paz, un campamento que se había instalado en la Plaza de Bolívar en anticipación de la ratificación de un acuerdo de paz que pondría fin al conflicto armado.
Quinto, antes de ratificar el nuevo acuerdo de paz, el gobierno nacional ratificó una ley que busca regular la consulta previa a los grupos indígenas, afrocolombianos y otros del país. Según organizaciones indígenas, se trata de una “afrenta sin precedentes”, que contraviene la jurisprudencia nacional e internacional y, de adoptarse, violaría los derechos colectivos fundamentales de estos grupos.
Recuerde que entre las propuestas del expresidente Álvaro Uribe para modificar el acuerdo estaba “limitar la consulta previa”. En el nuevo acuerdo, la propuesta de Uribe fue rechazada, pero el gobierno la ha convertido en legislación.
Todos los cambios en el nuevo acuerdo que afectan a los campesinos provinieron de Uribe; en algunos casos contaron con aportes de Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez. Los cambios están motivados por el deseo de confrontar, debilitar o neutralizar las importantes definiciones del acuerdo original sobre la economía campesina.
Los acuerdos reconocen “el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria”. Pero esto es precisamente lo que los sucesivos gobiernos han negado. Uribe, en su primera campaña electoral, conmovió a la Sociedad Agrícola de Colombia (SAC) cuando declaró su falta de confianza en cualquier papel autónomo del campesinado y proclamó la necesidad de subordinar a los campesinos a los grandes terratenientes: “Instalaremos en Barrancabermeja una asociación campesina, y exigir que los contratistas se integren a una empresa eficiente en San Alberto, para que los campesinos asociados y empresarios con tradición de eficiencia puedan asumir la responsabilidad del éxito de estos proyectos”. (3)
Esta subordinación del campesino ya ha sido impuesta en la práctica a través de asociaciones estratégicas de productores, especialmente de palma aceitera, durante los años en que Andrés Pastrana fue presidente. Pastrana fue también el presidente que impulsó el Plan Colombia (4). La subordinación del campesino continuó bajo los gobiernos de Uribe, que recibieron financiamiento del Banco Mundial para apoyar a “asociaciones de productores” de “pequeños productores agrícolas” con “empresas privadas” (5). Esta experiencia no ayudó a la agricultura colombiana. Al final del segundo gobierno de Uribe, el sector se encontraba en una de las peores crisis jamás vista.
A los acuerdos de paz se ha añadido lo siguiente:
"1.3.3.6: Asociaciones. El gobierno fomentará y promoverá asociaciones, vínculos y alianzas entre pequeños, medianos y grandes productores agrícolas junto con procesadores, comercializadores y exportadores con el objetivo de garantizar economías de escala y competitividad y valor agregado para contribuir al mejoramiento del condiciones de vida de los habitantes rurales en general y de los pequeños productores en particular. Se brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiera) a los pequeños productores con el objetivo de garantizar economías familiares y comunitarias equilibradas y sostenibles”.
De esta manera, los planes de los tres últimos presidentes, así como la doctrina del Pacto de Chicoral de 1972 –que establecía que los grandes productores eran necesarios para garantizar la competitividad– se han insertado en la política a través de los acuerdos de paz. En realidad, la agricultura campesina puede alcanzar y en algunos casos superar la eficiencia de los cultivos a gran escala. Y además, independientemente de la escala de producción, los pequeños productores son eficientes cuando tienen acceso a los recursos y cuando el entorno lo permite. (6)
Esta modificación funciona con la otra: “El gobierno aprobará una ley con el objetivo de promover otras formas de acceso a tierras estatales, como la cesión de derechos de uso”. El origen de este cambio está en el gobierno y la ley Zidres, que establece que los ocupantes de terrenos baldíos que no reúnan los requisitos para obtener el título podrán “celebrar contratos de derechos reales de superficie, que permitan el uso, goce y disposición de las propiedades rurales que ocupan”. Aunque el acuerdo limita esto a los medianos productores, no hay duda de que los acaparadores de tierras están muy interesados en esta modificación del acuerdo y han aprovechado el voto “No”.
El discurso tradicional se ha insertado en el nuevo acuerdo para que los “grandes productores” y los “medianos productores” puedan intentar neutralizar –como siempre lo han hecho– cualquier programa que favorezca a los campesinos.
Un “principio” agregado a la propuesta de los promotores del “No” dice:
“Desarrollo Rural: El desarrollo rural depende del equilibrio entre las diferentes formas de producción – agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial – de la competitividad y de la necesidad de promover e incentivar la inversión en el campo con una visión empresarial de la producción como condición. de desarrollo; Promoción e impulso, en condiciones de equidad, de encadenamientos de producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales a diferentes escalas. En todos los casos se apoyará y protegerá, fortalecerá y desarrollará la economía campesina, familiar y comunitaria”.
El acuerdo modificado afortunadamente mantiene el reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, así como los principios de Bienestar y Buen Vivir. Pero no se puede negar que, aunque no estuvieron de acuerdo con el acuerdo de paz, los grandes terratenientes lograron introducir su discurso en él. Posteriormente podrán utilizarlo para imponer su “equilibrio” de actividades y erosionar lo acordado sobre la participación de las comunidades en la planificación y la gestión.
La Constitución colombiana, desde el preámbulo y el artículo primero, define al país como un país democrático y participativarepública. No es una mera democracia representativa. El texto del acuerdo original desarrolló este punto cuando buscaba “órganos de decisiónen diferentes escalas territoriales que incluyen la presencia de comunidades”. El acuerdo modificado habla ahora de órganos “que garantizan la participaciónde las comunidades en el proceso de toma de decisiones”. Es decir, comunidades ahora. participar– ellos no toman las decisiones.
El acuerdo modificado dice que los mecanismos de participación “en ningún caso limitarán las facultades del gobierno o de sus órganos legislativos (Congreso, Consejos y Asambleas)”. Lo que los portavoces del “No” negaron a las comunidades rurales, lo han reclamado para sí mismos, limitando las facultades del Presidente de la República para definir los acuerdos de paz.
Sobre la cuestión de las tierras de reserva campesina, el acuerdo modificado simplemente agrega que serán “confeccionadas por la autoridad competente de acuerdo con la normativa vigente” – eso era obvio en el acuerdo anterior ya que existen regulaciones claras sobre estas zonas. Su solicitud fue congelada, primero por decisión de Uribe y después – ¡por solicitud del Ministerio de Defensa! Tanto el acuerdo original como el modificado buscan la aplicación de la ley sobre tierras de reserva campesina, que está vigente desde 1994.
Lo que ha sucedido con las reservas campesinas en los últimos 22 años muestra que no se trata de lo que dice una ley, decreto o acuerdo, sino de cómo el gobierno puede utilizar el conflicto armado para desplazar a los campesinos de sus tierras e impedir que ejerzan sus derechos. derechos.
Para no devolver a los campesinos lo que les han robado, para continuar con el acaparamiento de tierras, para imponer la minería a cielo abierto a gran escala, el fracking, la desviación de ríos para carbón o para represas, los expoliadores necesitan para que el conflicto continúe. Necesitan que no haya paz y que Colombia siga bajo el control de quienes impulsaron el “No” al acuerdo de paz.
No se trata de una simple oposición parlamentaria a los acuerdos de paz. Hay un nuevo despliegue de grupos paramilitares, que operan con su habitual impunidad, para cercar cada comunidad y convertirla en un gueto, como Gaza. En Colombia, las comunidades más afectadas por la guerra votaron masivamente por el “Sí” en el referéndum, especialmente las comunidades afrocolombianas e indígenas. Los enemigos de la paz están del otro lado.
La defensa de las comunidades rurales es también la lucha por la soberanía alimentaria. Donald Trump dice que protegerá a EE.UU. de las importaciones, pero promoverá las exportaciones, repitiendo la vieja historia del Gran Garrote de imponer a América Latina el consumo de las exportaciones norteamericanas, especialmente agrícolas, producidas específicamente en las zonas que votaron masivamente por Triunfo. Sin paz, seguirán imponiendo la destrucción de nuestra soberanía alimentaria.
La lucha por la paz es fundamental. Es la lucha más importante en estos momentos por la defensa de los trabajadores colombianos y en especial de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
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