Tel borrador de la acuerdo entre los griegos y el Eurogrupo está descartada y, como todo el mundo tiene notado, no es sólo un acto de venganza: es una tortura legislativa. Contiene viejas demandas, como reducciones de las pensiones y mayores impuestos para financiar los superávits primarios, así como nuevas demandas, como una reducción del poder de los sindicatos y una privatización masiva de los activos estatales utilizando un fondo separado controlado por Grecia pero monitoreado por la Unión Europea. instituciones.
De hecho, el documento pide un programa legislativo masivo que abarque todos los aspectos de la vida económica griega: política fiscal, regulación de productos, mercados laborales, activos estatales, sector financiero, transporte marítimo, superávits presupuestarios, pensiones, etc. Esta legislación se exigirá en las próximas semanas. Un paquete así es el tipo de cosas que uno ve durante o inmediatamente después de la guerra, no como el producto de decisiones negociadas democráticamente.
Recordemos que el programa que acordaron el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, y el Eurogrupo es algo que se pide a un país que ha ya experimentado una depresión muy severa, implementó una serie de restricciones solicitadas por los acreedores, y tiene una tasa de desempleo del 25 por ciento y una crisis bancaria. ¿Qué sentido tiene torturar a una víctima cuya voluntad ya está quebrantada? Destruir toda oposición.
Creo que esto no debe leerse como una propuesta para restaurar el crecimiento en Grecia o incluso como el reflejo de una ceguera económica en Europa, sino como el reflujo del proyecto político de la UE, del cual el euro es la expresión más pura: la preferencia por la dominación tecnocrática. sobre la soberanía popular. Este programa describe una arquitectura de gobierno que expresa total indiferencia ante el intento de los pueblos de gestionar sus asuntos democráticamente y que exige enormes reservas de poder discrecional para el Eurogrupo.
Nótese no sólo el alcance de las demandas del Eurogrupo sino también el nivel molecular de detalle con el que las exponen. Por ejemplo, como parte de su paquete de “ambiciosas reformas del mercado de productos”, insisten en cambios en “el comercio dominical, los períodos de ventas, la propiedad de las farmacias, la leche y las panaderías, excepto los productos farmacéuticos sin receta, que se implementarán de manera gradual”. próximo paso, así como para la apertura de profesiones cerradas macrocríticas (por ejemplo, el transporte por ferry)”.
Luego están las nuevas demandas, como “revisiones rigurosas y modernización de la negociación colectiva [y] las acciones industriales”, que es la jerga europea para eliminar los derechos laborales. Otras demandas dejan claro que estas decisiones no sólo son amplias y detalladas, sino que están diseñadas en la medida de lo posible para eliminar la responsabilidad y el control del pueblo griego y su gobierno.
El “programa de privatización ampliado” debe “establecerse en Grecia y ser administrado por las autoridades griegas bajo la supervisión de las instituciones europeas pertinentes”. Y los “recortes cuasi automáticos del gasto en caso de desviaciones de los ambiciosos objetivos de superávit primario” están “sujetos a la aprobación previa de las instituciones [europeas]”.
Lo más revelador de todo es que “el gobierno necesita consultar y acordar con las instituciones todos los proyectos de ley en áreas relevantes con el tiempo suficiente antes de presentarlos para consulta pública o al Parlamento”. Es decir, en cada área de reforma mencionada anteriormente –desde la política fiscal hasta los mercados laborales– el gobierno debe consultar primero con sus directivos europeos.
El pieza de resistenciaLo que sí se ve, sin embargo, es que los griegos son máximamente responsables ante el Eurogrupo, mientras que el Eurogrupo es mínimamente responsable y máximamente arbitrario. Tras enumerar sus demandas, el documento dice: "Los compromisos mencionados anteriormente son requisitos mínimos para iniciar las negociaciones con las autoridades griegas". Posteriormente, el documento afirma que un Mecanismo Europeo de Estabilidad El programa es posible "siempre que se cumplan todas las condiciones necesarias contenidas en este documento".
No hay garantía de que el dinero llegue. En otras palabras, el Eurogrupo conserva la máxima discreción para decidir que Grecia no ha cumplido cualquiera de las exigencias imposibles que se le hicieron, mientras que los griegos no poseen una capacidad similar para hacer que los europeos rindan cuentas por sus fracasos.
Recordemos, por ejemplo, que el acuerdo exige que Grecia tenga superávits presupuestarios que alemanes y franceses nunca han logrado alcanzar y que el Banco Central Europeo recientemente rechazado extender suficiente financiamiento de emergencia a los bancos griegos, esencialmente diseñando una casi quiebra bancaria en violación directa de su mandato de proporcionar liquidez de emergencia a los bancos ilíquidos.
Hay quienes piensan que se puede estar a favor del euro y en contra de la austeridad. Como demuestra esta ronda de negociaciones, la economía y la política del euro no están así separadas. El euro es un proyecto politico. Es unificación sin soberanía. Es la delegación de la soberanía nacional a grupos de ministros de finanzas y organismos supranacionales cuya tarea principal es suprimir la reaparición de la fuente misma de su poder.
Las instituciones y prácticas políticas que han surgido en torno al euro y la UE se basan en la creencia de que el ejercicio de la soberanía es peligroso, irresponsable e irresponsable. Aunque en cierto sentido estas instituciones no son más que el producto de acuerdos entre naciones, su razón de ser es impedir cualquier expresión posterior y abierta de ese poder soberano. Por eso insisten en una sujeción total a sus decisiones y por eso Grecia se convirtió en algo más que Grecia.
Los griegos se atrevieron a afirmar la soberanía popular en el único nivel en el que actualmente es posible hacerlo. La amarga ironía es que la discreción que exigen estas entidades post-soberanas es menos responsable que cuando se ejerce como el poder absoluto de un gobierno elegido democráticamente. Y no menos vengativo.
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