La ciudad andina de Mérida se vio sacudida la semana pasada por una serie de protestas encabezadas por trabajadores mientras los empleados subcontratados de la Universidad de los Andes (ULA) exigían que se les convirtiera en personal permanente de conformidad con la nueva ley laboral de Venezuela.
Las protestas comenzaron la semana pasada y se han centrado en la administración conservadora de la ULA, encabezada por el rector Mario Bonucci, que se ha negado a incorporar a más de 1,400 empleados subcontratados a puestos de tiempo completo.
“Estamos en las calles exigiendo puestos permanentes y respeto a la legislación laboral. Los afectados somos nosotros y no aceptaremos más burlas de las autoridades universitarias”, dijo Mario Chacón, secretario general del sindicato de trabajadores Soula.
Mérida, una ciudad de aproximadamente 300,000 habitantes, está dominada tanto social como económicamente por la universidad pública, la segunda más grande de Venezuela con más de 40,000 estudiantes matriculados.
La normalmente tranquila ciudad andina ha sido escenario de numerosos enfrentamientos entre movimientos estudiantiles extremistas antigubernamentales y la policía local en los últimos años.
En marzo de 2006, varios agentes de policía resultaron heridos cuando grupos armados de estudiantes de derecha abrieron fuego contra el personal de seguridad desde los confines de la universidad.
Sin embargo, las manifestaciones que tuvieron lugar durante la semana pasada marcan la primera vez en los últimos años que los trabajadores universitarios han asumido la vanguardia de las protestas, exigiendo que la administración conservadora de la ULA cumpla con la nueva ley laboral aprobada por la administración Chávez a finales de Abril.
“Con la nueva ley laboral que entró en vigor, todos los trabajadores subcontratados deberían pasar a formar parte de la fuerza laboral normal y de tiempo completo”, dijo Guillermo Quintero, del sindicato SOULA.
“[Los 1400 trabajadores subcontratados] tienen que convertirse en permanentes. Nuestro sindicato no ha aprobado la ley, fue el gobierno nacional. Queremos que esta ley se haga realidad para que nos proteja”, agregó Quintero.
Los funcionarios de la ULA, incluido el rector Bonucci, culpan al gobierno de Chávez por no proporcionar suficientes recursos a la universidad para poder contratar a los trabajadores como empleados de tiempo completo.
Pero los trabajadores subcontratados citan el ejemplo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la más grande del país, que recientemente cumplió con la nueva ley, solicitando mayor financiamiento estatal una vez que los trabajadores fueran incorporados a puestos permanentes.
“El gobierno no va a darle recursos a algo que no existe. Aquí el único responsable del problema es Mario Benucci. Él es quien puede hacer permanentes a los trabajadores”, afirmó Orestes Bastidas, estudiante de derecho y partidario de las manifestaciones.
Otros trabajadores universitarios han señalado el tremendo presupuesto que ya tiene la ULA, mayor que toda la ciudad de Mérida, y que la corrupción dentro de la universidad ha provocado pérdidas millonarias.
“El dinero se da y luego se desvía. El gobierno da el dinero y luego la administración se lo da a los profesores que ya están viviendo bien”, dijo Luis Márquez, chofer y mensajero subcontratado.
Como universidad “autónoma”, la ULA no rinde cuentas ante las autoridades gubernamentales ni ante las fuerzas de seguridad, a pesar de que todos los fondos para la educación pública los proporciona el gobierno nacional.
Los trabajadores subcontratados han manifestado su disposición a permanecer en las calles hasta que las autoridades de la universidad cumplan con la legislación laboral.
También han exigido que la ministra de Educación Superior de Venezuela, Yadira Córdova, intervenga en la situación para poner fin al conflicto.
“La situación está en sus manos”, dijo Quintero la semana pasada.
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