Fuente: Despacho de Pueblos
El 21 de septiembre, miles de colombianos participaron en un paro nacional y se movilizaron en todo el país contra el gobierno de derecha del presidente Iván Duque. Varias manifestaciones masivas se llevaron a cabo en diferentes ciudades en rechazo a la brutalidad policial, la crisis económica que enfrenta el país por la pandemia de COVID-19 y el incesante asesinato de líderes sociales.
Un gran número de ciudadanos y miembros de diversas organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, estudiantes, docentes, mujeres, organizaciones LGBTQI, indígenas y afrodescendientes salieron a las calles de todo el país para expresar su descontento. El llamado a la protesta y paro nacional por la vida y la paz, contra la crisis y la violencia fue realizado por varias organizaciones sociales y sindicatos.
La ciudad capital, Bogotá, fue uno de los epicentros de la protesta nacional que condenó la indiferencia del gobierno nacional ante la grave situación que se vive en Colombia durante los últimos meses. Se llevaron a cabo manifestaciones en al menos 14 puntos diferentes de la ciudad.
Protestas similares se llevaron a cabo en las ciudades de Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Pereira y Popayán, entre otras. Fue la mayor protesta antigubernamental desde la llegada de la pandemia al país.
A lo largo de la jornada, un grupo de más de 10 proyectos de medios alternativos pertenecientes a la “Alianza Informativa en Defensa de la Protesta Social” organizaron una transmisión en vivo con entrevistas con líderes políticos, así como imágenes en vivo de protestas en todo el país. La iniciativa buscaba romper el bloqueo mediático y la distorsión de las protestas que tuvieron lugar en Bogotá y otras ciudades tras el asesinato de Javier Ordóñez. Según los proyectos mediáticos de izquierda, la mayoría de los principales medios colombianos han buscado estigmatizar a los manifestantes y crear narrativas que apoyen la criminalización de quienes participan en las movilizaciones.
Organizaciones reportaron una alta presencia de las fuerzas de seguridad del Estado en las movilizaciones. Aunque las autoridades aseguraron que los policías no portarían armas de fuego durante las marchas y reprimirían las protestas, los funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) respondieron a las manifestaciones pacíficas con violenta represión.
De acuerdo a una reporte preparado por organización de derechos humanos Defender la libertad: asunto de todas, Los agentes del ESMAD interrumpieron las movilizaciones en Bogotá, Medellín, Popayán y dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos. Además, en estas ciudades un gran número de manifestantes fueron detenidos y varios más resultaron heridos.
El líder progresista Gustavo Petro, quien también participó en la marcha a la Plaza Bolívar de Bogotá que fue reprimida por el ESMAD, condenó la violencia policial y la violación del derecho constitucional a la protesta social de la ciudadanía. “Lo que se está haciendo en Bogotá es una clara violación de los derechos humanos. Los ciudadanos pacíficos no pueden ser procesados sólo por protestar”, escribió Petro en un tweet, instando a la alcaldesa, Claudia López, a tomar acciones para proteger a la gente.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) también denunció la actuación policial. “Dijeron que la policía no iba a estar armada, pero aquí se ve cómo atacan a personas que exigen paz y una vida digna”, escribió el partido FARC en un tweet.
Demandas
Una de las demandas centrales de las protestas fue justicia para estudiante de derecho y taxista de 46 años Javier Ordóñez, torturado y asesinado por dos agentes en Bogotá el 9 de septiembre como también para las otras 13 personas asesinadas por la policía el 10 de septiembre durante las movilizaciones exigiendo justicia para Ordóñez. Una gran manifestación se realizó frente al Centro de la Memoria de Bogotá, en conmemoración de todas las personas asesinadas por la policía colombiana.
La profundización de la crisis económica y el creciente desempleo, que superó el 20.2% en julio, fue otro de los factores que motivó las protestas. Miles de personas denunciaron también el abandono del Estado y la falta de garantías laborales y de vivienda digna. Varios sindicatos, pensionados y estudiantes organizados en el Comité Nacional de Paro han expresado su rechazo al Decreto 1174 recientemente aprobado, que impone varias reformas laborales y previsionales regresivas.
Los manifestantes también exigieron el cese de la ola de masacres que azota al país, los asesinatos sistemáticos de defensores de derechos humanos y de la tierra, líderes comunitarios y sociales, excombatientes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la violencia. contra las mujeres y las personas LGBTQI. Se llevaron a cabo varias protestas en Bogotá y Cúcuta frente a las sedes de los principales medios de comunicación por promover la estigmatización y criminalización de los líderes sociales y sus luchas sociales.
El paro nacional coincidió con el Día Internacional de la Paz, un día que sigue teniendo mucha importancia para Colombia. El pueblo de Colombia continúa exigiendo al gobierno nacional que cumpla con el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC, implemente medidas para proteger a quienes concientizan sobre los problemas de sus comunidades y luchan por sus derechos y ponga fin a la violencia en su contra. en el país.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), 246 personas fueron asesinadas en 61 masacres registradas en Colombia hasta el 20 de septiembre de este año. La última masacre tuvo lugar el pasado 20 de septiembre en el departamento de Nariño, donde cuatro hombres fueron asesinados a tiros.
Además, la organización informó que entre el 1 de enero y el 20 de septiembre de 2020 fueron asesinados más de 215 ambientalistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, campesinos y sociales, y más de 43 excombatientes de las FARC, que se encuentran en proceso de reincorporación.
Desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016 hasta hoy, más de 1,000 líderes sociales y defensores de derechos humanos y más de 200 excombatientes y sus familiares han sido asesinados.
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