Durante más de una década, Bolivia ha sido sacudida por levantamientos y movilizaciones masivas que han planteado la necesidad y la posibilidad de una transformación política y social fundamental.1 En 2005 los movimientos sociales que lideraron las guerras del agua y el gas lograron elegir un gobierno que desde entonces ha presidido un proceso de cambio que ha traído importantes avances.
Entre ellos se encuentran: la adopción de una estructura estatal plurinacional que por primera vez reconoce a la mayoría indígena del país; recuperar el control soberano sobre recursos naturales vitales y dar los primeros pasos hacia la industrialización endógena; una reforma agraria en curso; y el desarrollo de programas sociales que han mejorado sustancialmente la vida de los bolivianos comunes y corrientes. Se han reforzado los derechos democráticos; formas de autogobierno establecidas por las comunidades indígenas; y los procesos electorales se ampliaron para incluir la elección popular incluso del poder judicial. No menos importante es que Bolivia también se ha convertido en un participante principal en el movimiento por la unificación y soberanía antiimperialista latinoamericana y emergió como un líder importante en la lucha internacional contra el cambio climático inducido por el capitalismo.
En su reciente artículo en esta revista, “Revolución contra el 'Progreso'”,2 Jeffery Webber ofrece una dura crítica al gobierno del MAS, ilustrándola con referencia a conflictos recientes entre el gobierno y algunos grupos indígenas que involucran cuestiones ambientales y de desarrollo. Su conclusión: el gobierno sigue comprometido con un programa neoliberal basado en “austeridad fiscal”, “bajo crecimiento inflacionario”, “reforma agraria intrascendente”, “bajo gasto social” y “alianzas con el capital transnacional”, entre otras políticas. Como tal, comparte “más continuidad que cambio con el modelo neoliberal heredado”.
Éstas son afirmaciones radicales y muchas de ellas cuestionables. Webber critica la supuesta “austeridad fiscal” del gobierno, pero omite el hecho de que el gasto presupuestario casi se cuadruplicó entre 2004 y 2012. Ataca al gobierno por buscar “baja inflación” y “estabilidad macroeconómica”, pero cuál es su alternativa: una inflación alta. ¿Y la inestabilidad macroeconómica? Estos fueron ciertamente rasgos de gobiernos neoliberales anteriores. Además, ¿es “intrascendente” que en sus primeros cinco años el gobierno de Morales presidiera la redistribución o titulación de 41 millones de hectáreas de tierra a más de 900,000 miembros de comunidades campesinas indígenas?3 Y si la política del gobierno puede definirse simplemente como la de formar alianzas para beneficiar a las transnacionales extranjeras, ¿por qué el Estado boliviano enfrenta actualmente 12 desafíos legales en tribunales internacionales iniciados por estas mismas empresas?
Perfil del neoliberalismo
En pocas palabras, Webber ignora el progreso real logrado por el gobierno de Morales en hacer retroceder el proyecto neoliberal en Bolivia. El neoliberalismo se entiende mejor como un proyecto de clase que buscaba reafirmar el dominio del capital a nivel internacional tras la crisis económica de los años setenta. El neoliberalismo, como el propio Webber señaló anteriormente, fue “puesto en marcha a escala internacional en gran medida bajo la tutela del Estado imperial estadounidense” y tenía como estrategia fundamental no sólo la “privatización de recursos anteriormente estatales o públicos sino también su adquisición por parte del capital transnacional”. en Estados Unidos y otras economías centrales”.4
Además, el actual vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ha señalado que el neoliberalismo se basaba en tres “pilares” adicionales: “la fragmentación de los sectores trabajadores y las organizaciones de trabajadores... el Estado disminuido y los impedimentos a la toma de decisiones de la gente”.5
El impacto del neoliberalismo en Bolivia incluye:6
l La venta o el desmantelamiento de las empresas estatales más grandes de Bolivia. En el sector de los hidrocarburos, que representaba el 50 por ciento de los ingresos del gobierno, la privatización estuvo acompañada de una caída de las regalías que las empresas debían pagar del 50 por ciento al 18 por ciento. La fuerza laboral de YPBF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) se redujo de más de 9,000 en 1985 a 600 en 2002.
l Se profundizó la dependencia del Estado de los gobiernos imperialistas extranjeros, las corporaciones transnacionales y sus instituciones. Los préstamos y la ayuda internacionales cubrieron “aproximadamente la mitad de la inversión pública de Bolivia”, y cada déficit presupuestario trajo consigo nuevos programas de ajuste estructural impuestos por el FMI.
l La eliminación de los subsidios estatales provocó una crisis en el pequeño sector industrial de Bolivia. Sólo en el sector manufacturero desaparecieron unos 35,000 puestos de trabajo.
l En 1988, el sector informal se había disparado hasta representar el 70 por ciento de la fuerza laboral urbana de Bolivia, y los pocos empleos creados en el sector formal estaban sujetos a prácticas de flexibilización laboral.
l El establecimiento de pactos para compartir el poder entre los partidos tradicionales y las restricciones al registro electoral para los partidos alternativos consolidaron el control que los políticos neoliberales tenían sobre la toma de decisiones políticas.
Compárese este desastroso historial con el del gobierno de Morales. Si bien el Estado de Bolivia continúa siendo capitalista, “y el gobierno funciona dentro del marco de una cultura y relaciones sociales capitalistas profundamente arraigadas”, es igualmente cierto que a través de una combinación de batallas electorales e insurreccionales exitosas, las fuerzas indígenas-populares hoy tienen el control de posiciones importantes de poder dentro del estado.7Desde estas posiciones, han utilizado el aumento de los ingresos estatales, generado a través de las nacionalizaciones emprendidas en varios sectores estratégicos, para comenzar a romper su dependencia de los gobiernos extranjeros. Esta fuerte posición económica ha permitido a quienes dirigen el Estado boliviano dictar su propia política interna y exterior, libres de cualquier imposición impuesta por gobiernos imperialistas e instituciones financieras internacionales a cambio de préstamos. Se han cortado los vínculos del ejército estadounidense con el ejército boliviano.
Una asamblea constituyente redactó una nueva constitución que por primera vez reconoce a la mayoría indígena previamente excluida y ha recuperado
control estatal sobre los recursos naturales. Desde el referéndum que ratificó la nueva Constitución, el proceso de “descolonización” del Estado ha continuado, más recientemente en octubre de 2010, con la celebración de las primeras elecciones populares en Bolivia para elegir autoridades judiciales. El resultado fue un número récord de mujeres y pueblos indígenas que inundaron el poder judicial del estado.
El gobierno de Morales también inició un cambio significativo en la política exterior de Bolivia, dejando atrás la tradicional postura servil hacia Estados Unidos. En cambio, Bolivia ha encabezado iniciativas encaminadas a buscar la unidad con las fuerzas antiimperialistas—tanto a nivel de gobiernos como de movimientos sociales—dentro del contexto de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba), y una creciente colaboración regional, a través de instituciones como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Otro foco clave ha sido la construcción de una alianza internacional para luchar por soluciones reales a la crisis climática, como lo demostró la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático celebrada en Cochabamba en abril de 2010.
Un modelo alternativo
Webber ignora la mayoría de estos logros y en cambio se centra en la estrategia industrial del MAS y las tensiones sociales que se han expresado en torno a ella. Pero tergiversa la estrategia. Veamos entonces en primer lugar en qué consiste esta estrategia, ya que es un componente central de la visión económica del gobierno. Se puede encontrar una presentación sucinta en un artículo reciente sobre el modelo económico de Bolivia escrito por Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Para Arce, “el Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo” que está implementando el gobierno “no pretende cambiar inmediatamente el modo de producción capitalista, sino sentar las bases para la transición hacia un nuevo modo de producción socialista” .8
A diferencia del neoliberalismo, en el que el capital transnacional se apropia de la plusvalía y las rentas, este nuevo modelo, como señala la introducción de su artículo, ha dado pasos hacia:
estimular el mercado interior y reducir la dependencia de los mercados exteriores. Del mismo modo, ha dado al Estado una función de vigilancia, dotándolo de funciones como planificar la economía, administrar las empresas públicas, invertir en el sector productivo, asumir el papel de banquero y regulador y, entre otras cosas, redistribuir el excedente, con preferencia a aquellos sectores que no fueron beneficiarios en gobiernos anteriores.
La prioridad, dice Arce, es promover empresas comunitarias, cooperativas y familiares (junto con un aumento del gasto social). Semejante estrategia es vital para reconstruir la fuerza de la clase trabajadora y las fuerzas comunitarias, pulverizadas por dos décadas de neoliberalismo.
En resumen: reafirmar la soberanía estatal en la economía y sobre los recursos naturales; romper con la posición tradicional de Bolivia como exportador de materias primas mediante la industrialización y la promoción de otros sectores productivos como la manufactura y la agricultura; redistribuir la riqueza de la nación para abordar la pobreza; y fortalecer la capacidad organizativa de las fuerzas proletarias y comunitarias como los dos pilares vitales de cualquier posible transición al socialismo en la Bolivia actual. Tal perspectiva, que busca promover los intereses de las clases trabajadoras de Bolivia a expensas del capital transnacional, puede ser criticada por algunos como meras reformas, pero ciertamente no es neoliberalismo.
Cambios en la estructura económica.
Entonces, ¿cómo le ha ido al gobierno de Morales en términos de convertir estas ideas en realidad? Un componente clave de este “nuevo modelo económico” fue la nacionalización del crucial sector de hidrocarburos en el primer año del gobierno de Morales, lo que condujo a una revisión completa de las reglas del juego en el sector y generó beneficios inmediatos para el país. Pueblo boliviano. Mientras que bajo el neoliberalismo se permitió al capital transnacional apropiarse del 82 por ciento de la riqueza generada por la renta del gas, bajo el nuevo régimen el Estado retiene entre el 80 y el 90 por ciento. Esto ha significado que la cantidad total de ingresos por gas recibidos por el Estado durante los primeros seis años del gobierno de Morales fue aproximadamente siete veces mayor que la obtenida durante los cinco años anteriores de privatización neoliberal.9
Si bien las transnacionales técnicamente extraen la mayor parte del gas de Bolivia, lo hacen como contratistas contratados por el Estado, que determina la cantidad y el precio de cada gota de gas boliviano que se produce. Cuando no han cumplido con sus contratos, el gobierno no ha tenido miedo de nacionalizarlos. Mientras tanto, el objetivo del gobierno del MAS es reconstruir YPBF, comenzando por la expropiación de aquellas secciones de la empresa que fueron privatizadas, y a partir de ahí otorgándole progresivamente una mayor participación directa en el sector.
Nuevas nacionalizaciones han permitido que el Estado se convierta en el actor más importante en los sectores de telecomunicaciones y electricidad y comience a redirigir estos sectores para garantizar que los bolivianos tengan un mayor acceso a los servicios básicos. Como resultado, el número de hogares con conexiones de gas ha aumentado en un 835 por ciento, el porcentaje de hogares rurales con acceso a electricidad ha aumentado del 50 por ciento al 20 por ciento y el número de municipios con cobertura de telecomunicaciones ha pasado de 110 a 324 ( de un total de 339).10
Al trasladar la riqueza generada en estos sectores hacia el gasto social, el nivel de pobreza había caído del 60 por ciento en 2005 al 49.6 por ciento en 2010, mientras que la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se redujo de 128 veces más riqueza a 60 veces más. poder.11Mientras tanto, la reorientación de la riqueza hacia la promoción de otros sectores productivos llevó a una caída del desempleo del 8.2 por ciento en 2005 al 5.7 por ciento en 2010, y a la creación de una serie de pequeñas empresas cuya gestión se entregará a las comunidades locales a medida que avanzan. parte del fomento del sector comunitario.12
Este sector también ha recibido prioridad en las políticas agrícolas del gobierno: más de 35 millones de hectáreas de tierra han sido entregadas como propiedad comunitaria o puestas bajo el control directo de los habitantes indígenas originales.13 La recién creada EMAPA (Empresa de Apoyo a la producción de Alimentos) ha garantizado que los pequeños productores tengan acceso preferencial a equipos, suministros, préstamos con tasa de interés del 0 por ciento y mercados subsidiados por el estado.14
Vistas en su conjunto, las medidas tomadas para recuperar la soberanía sobre la economía boliviana han convertido al Estado en el actor más importante de la economía nacional. Hoy en día, una mayor parte de la riqueza de Bolivia permanece en Bolivia y se utiliza para expandir el mercado interno a través de la industrialización, promover el sector comunitario y atacar la pobreza. Obviamente, éste no es un enfoque neoliberal, ni en su concepción ni en su ejecución.
Además, ha recibido continuamente el apoyo abrumador de las clases trabajadoras de Bolivia, y no sólo en tiempos de elecciones. La victoria electoral de Morales, lejos de trasladar “la política popular de las calles y el campo a la arena electoral”, como afirma Webber, fue más bien el detonante de una intensificación de la lucha de clases, que culminó en una batalla total por el poder cuyo resultado estuvo determinado por la intervención decisiva de las masas.
Donde Webber ve “esclerosis electoral”, las elites capitalistas tradicionales de Bolivia vieron una amenaza real a su poder político y económico. Respondieron en consecuencia lanzando una ofensiva contrarrevolucionaria que alcanzó su punto máximo con su fallido intento de golpe de estado en septiembre de 2008. El resultado de esta confrontación estuvo determinado por la naturaleza profunda de las movilizaciones de clases del período, combinada con la capacidad de la dirección del MAS para expandir y unir firmemente su base de apoyo entre las clases populares, dentro del ejército e internacionalmente. La oposición de derecha cayó en picada de la que aún no se ha recuperado. En las elecciones posteriores, el gobierno de Morales fue reelegido con un récord de 64 por ciento de votos de aprobación, obteniendo la mayoría tanto en la legislatura como en el Senado. Dos años después todavía no existe una alternativa política viable y coherente al MAS ni por su izquierda ni por su derecha.
“Tensiones creativas”
Webber señala los conflictos recurrentes entre los movimientos sociales y el gobierno sobre proyectos de desarrollo local, distribución de recursos, disputas salariales, etc., como evidencia no sólo del creciente descontento popular con el MAS sino de que el MAS es fundamentalmente un obstáculo para un mayor progreso. Admite, sin embargo, que no existe ningún “proyecto revolucionario y socialista articulado a la izquierda del MAS”, y que ninguna de estas luchas se asemeja a una “ruptura revolucionaria o socialista” con el gobierno de Morales.15
La dirección del MAS ve la situación actual y la naturaleza de los conflictos que han surgido en los últimos tiempos de manera muy diferente. Su punto de vista se expone en un folleto de 74 páginas de García Linera sobre lo que él llama las “tensiones creativas en la revolución”.16 Sostiene que la constelación de fuerzas sociales desde la victoria en los enfrentamientos de 2008 ha abierto un nuevo período en la actual época revolucionaria de Bolivia “caracterizada no por la presencia de contradicciones entre bloques de poder antagónicos, entre proyectos sociales irreconciliables”, como hasta ahora, sino uno que “Estará marcada por la presencia de contradicciones al interior del bloque nacional-popular, es decir, por tensiones entre los propios sectores que lideran el Proceso de Cambio”. Estas contradicciones, dice, “no son simplemente secundarias sino que son creativo porque tienen el potencial de ayudar a impulsar el curso de la revolución misma”.17
Estas tensiones creativas adoptan diversas formas. Uno tiene que ver con la relación entre la tendencia del Estado a concentrar la toma de decisiones y la afinidad de los movimientos sociales por la “socialización plena y continua de las deliberaciones y decisiones en torno a asuntos de interés común”. Se trata de “una tensión creativa, dialéctica, productiva y necesaria”, añade.
Una segunda tensión creativa es entre la necesidad de la revolución de incorporar sectores más amplios y “la necesidad de garantizar la participación indígena, campesinoLiderazgo obrero, obrero y popular” en este proceso.18 Un tercero implica la tensión “entre el interés general de la sociedad en su conjunto y el interés particular de un segmento individual... entre la lucha común, comunitaria, comunista y la búsqueda del interés individual, sectorial, particular y privado”.19
Y finalmente, García Linera señala una cuarta tensión, entre la necesidad de desarrollar e industrializar la economía boliviana y la necesidad de respetar los derechos de la Madre Tierra.20 El punto de partida para resolver esta tensión, sostiene García Linera, debe ser garantizar el acceso de las personas a los servicios básicos protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente.
Conflicto carretera TIPNIS
Esto nos lleva al conflicto que se desarrolló en 2011 por el plan del gobierno de construir una carretera que conectara Villa Tunari (en el departamento de Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (en el departamento de Beni) a través del territorio indígena y parque nacional conocido como TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécurre). Webber ve este conflicto como una confirmación de su tesis de que el gobierno “neoliberal” del MAS está siendo socavado por las “contradicciones de clase” subyacentes a su modelo de desarrollo.
En el escenario de Webber, la lucha por la ruta de la carretera enfrentó a las comunidades indígenas pobres contra una camarilla de campesinos ricos y cocalerosaliados con los “productores agroindustriales de soja”, el capital financiero boliviano, el “subimperialismo brasileño” y las multinacionales petroleras, todos bajo los auspicios del gobierno del MAS, y todos decididos a desposeer a los “engreídos, parcialmente
formaciones sociales indígenas no capitalistas” que aún controlan el parque. Estos campesinos pobres y sus partidarios lograron f
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