(BOLÓN AJAW, México) Alrededor de las 3 p. m. el 2 de enero se realizaron nueve disparos al aire. Los perpetradores se retiraron, dejando atrás una camisa con botones y puños atados a dos árboles solitarios en el maizal. Los machetes habían cortado la camisa y habían cortado una cruz gruesa en uno de los troncos de los árboles a la altura del pecho. En el centro de la cruz había un casquillo de bala incrustado.
“Esto es un ejemplo de lo que nos quieren hacer”, dice José Morales, un indio tzeltal de 22 años que utilizó un seudónimo para proteger su identidad. “Agarrarnos y colgarnos de los árboles”. Morales es miembro de la comunidad zapatista de Bolon Ajaw, una de las docenas de comunidades zapatistas en todo el estado sureño de Chiapas que enfrentan ataques, invasiones de tierras y amenazas de muerte casi a diario.
Después de escuchar los disparos, Pedro Álvarez, otro miembro de la comunidad que también prefirió usar un seudónimo, había corrido por el sendero de una milla de largo desde el campo de maíz donde estaba cortando leña, hasta el centro de Bolon Ajaw, un grupo de casas hechas de viejos tableros, techos de chapa ondulada y pisos de tierra y ninguno con electricidad ni agua corriente. Luego, Álvarez condujo a las autoridades y a cinco observadores de regreso al campo de maíz, donde encontraron la camisa colgada y la cruz recién cortada en el árbol.
Desde principios de 2007 se han producido agresiones contra decenas de comunidades, afectando a 800 familias y amenazando más de 12,000 hectáreas de territorio controlado por los zapatistas, informa el Centro de Análisis Político e Investigación Social y Económica (CAPISE), con sede en San Cristóbal. de las Casas en Chiapas.
“Esta es claramente una estrategia de contrainsurgencia sistemática”, dice Ernesto Ledesma, director de CAPISE. "No habíamos visto una ofensiva tan intensa en al menos 10 años".
Durante la segunda mitad de 2007, Ledesma y un puñado de empleados y voluntarios de CAPISE han publicado un promedio de tres informes al mes que documentan el nuevo “ataque gubernamental” contra las comunidades indígenas zapatistas.
“El Estado mexicano ha reactivado a los grupos paramilitares”, afirma Ledesma. “Están haciendo lo que hicieron los españoles durante la conquista y lo que hicieron los ganaderos y mafias locales después de la Revolución Mexicana: están despojando una vez más a los pueblos indígenas de sus tierras, de su territorio”.
En 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas en Chiapas, los insurgentes indígenas expulsaron a los ganaderos de sus tierras y se convirtieron en propietarios colectivos de los mismos campos que trabajaron como esclavos durante cientos de años. Desde entonces, el EZLN ha reasentado a miles de personas sin tierra en antiguas haciendas, un proceso que los zapatistas llaman “recuperación de la tierra”.
En 1996, el gobierno mexicano firmó los Acuerdos de San Andrés con el EZLN, reconociendo la autonomía regional indígena. Pero el gobierno luego se resistió después de firmar y nunca implementó los acuerdos.
El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles en Acteal, 2 horas al norte de San Cristóbal, fueron masacrados por el grupo paramilitar Paz y Justicia (Paz y Justicia), y la impunidad que siguió llevó al EZLN a suspender todo diálogo con el gobierno.
Luego, cinco años después, el gobierno aprobó una versión destripada de los acuerdos que rechazaban la autonomía regional indígena y, en cambio, sometía aún más a los aproximadamente 10 millones de ciudadanos indígenas de México a la autoridad federal al definirlos como “entidades de interés público”, en el texto de la ley. .
Como resultado, el EZLN cortó la comunicación con el gobierno y comenzó a implementar los acuerdos por su cuenta, creando municipios autónomos y estructuras de gobernanza regional basadas en consejos rotativos de aldeanos locales elegidos en asambleas abiertas. Las señales viales en todo Chiapas anuncian a los viajeros: “Ahora estás entrando en territorio autónomo y rebelde”.
A lo largo de su mandato de seis años (2000-2006), el ex presidente mexicano Vicente Fox aprovechó los intentos de administraciones anteriores de dividir a las comunidades zapatistas mediante el uso de donaciones y programas de asistencia gubernamental. Fox, al igual que sus predecesores, también intentó crear y entrenar grupos paramilitares antizapatistas para que se hicieran pasar por organizaciones rurales de derechos indígenas, como la Organización para la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos (OPDDIC).
Ahora, con muchas comunidades divididas entre pro y antizapatistas, organizaciones como OPDDIC están utilizando programas de ayuda gubernamental para obtener concesiones de tierras para territorios zapatistas. Una vez que el gobierno proporcione las subvenciones, la OPDDIC tendría un pretexto “legal” para despojar a las familias zapatistas de sus tierras.
Los zapatistas, a su vez, se niegan a participar en los programas de ayuda del gobierno y se niegan a abandonar la tierra.
“Derramamos nuestra sangre por la tierra, no por una limosna del gobierno”, dice un miembro del municipio autónomo zapatista de San Manuel, que también está amenazado.
Mientras tanto, el ejército mexicano ha construido 56 bases militares en regiones zapatistas, rodeando a comunidades que apoyan al EZLN y, a menudo, brindando ayuda a la OPDDIC y otras organizaciones antizapatistas.
Morales de Bolón Ajaw dice que las agresiones comenzaron en 2006 cuando la OPDDIC comenzó a reclutar entre simpatizantes del gobierno en la zona.
“No lo hacen solos”, afirma, “vienen en nombre del gobierno. Siempre que hay un problema, los helicópteros y la policía vienen enseguida, como si ya supieran lo que iba a pasar”.
En los últimos cuatro meses, según informes de CAPISE y relatos de la prensa local, sólo en Bolon Ajaw, la OPDDIC ha tendido emboscadas a aldeanos zapatistas con armas y machetes, golpeando gravemente a cuatro personas.
En respuesta a los ataques de finales de noviembre, CAPISE organizó brigadas de observación para acampar en Bolon Ajaw y otras comunidades para documentar agresiones y amenazas contra los zapatistas.
“Esta es una nueva embestida del Estado mexicano, con la participación de todos los niveles de gobierno”, dice Ledesma de CAPISE. “Ellos van por la tierra. Van por el territorio y todos los recursos naturales que contiene. Pero ahora hay todo un movimiento y pueblos indígenas opuestos a su proyecto y, además, desarrollando otro proyecto alternativo, autónomo y propio”.
ZNetwork se financia únicamente gracias a la generosidad de sus lectores.
Donar