El decreto surge tras un conflicto sindical que el gobierno alimentó y luego aprovechó para eliminar a la empresa y su sindicato. Las elecciones sindicales del pasado mes de junio fueron impugnadas por el grupo perdedor en medio de rumores de que el gobierno federal estaba fomentando activamente la división. En señal de alerta, el 5 de octubre el secretario del Trabajo, Javier Lozano, rechazó el registro de la nueva dirigencia sindical sin esperar una decisión del Tribunal del Trabajo.
Lo que se ha denominado el “Sabadazo” u Ofensiva del Sábado tuvo lugar cuando el sindicato y el gobierno estaban en medio de conversaciones y esperando una respuesta prometida por parte del gobierno de Calderón el lunes. Mostrando una vez más una propensión a los golpes unilaterales y al uso de la fuerza por encima del diálogo, el sábado anterior a las conversaciones previstas para el lunes, la policía federal recibió la orden de desalojar a los trabajadores y tomar el control de más de 50 instalaciones eléctricas poco antes de la medianoche. La policía asaltó el local saltando vallas y utilizando cortadores de metal para romper cadenas y candados.
En medio de una crisis económica que ha despojado a un millón de personas de sus empleos en el sector formal, unas 44,000 familias de trabajadores eléctricos se han quedado sin sostén de familia de un día para otro. El gobierno ha dicho que pagará más de 1.6 millones de dólares en indemnizaciones y beneficios a los trabajadores y a más de 22,000 jubilados de la empresa. El sindicato dice que los miembros no aceptarán el paquete de compra.
Las razones para liquidar la Compañía Central de Luz y Energía (LFC), empresa descentralizada de la Comisión Federal de Energía, fueron 1) pérdidas excesivas, 2) pérdida de energía por causas técnicas y falta de pago de los servicios, y 3) costos excesivos por trabajos públicos. Dirigentes sindicales afirman que mucho de esto se debe al mal manejo del propio gobierno en la administración de la entidad y a la falta de inversión pública en la empresa. La empresa recibe enormes subvenciones estatales para sus operaciones. El presidente Felipe Calderón y los ministros de Energía, Gobierno, Hacienda, Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones, Trabajo, Obras Públicas, Medio Ambiente y Agricultura firmaron el decreto.
El Sindicato Mexicano de Trabajadores Eléctricos (SME) se encuentra entre los sindicatos más activos e independientes en un país que ha estado dominado por sindicatos afiliados al gobierno. Sus miembros han liderado muchas batallas por la defensa de los derechos laborales y el nivel de vida en el país. El líder del PYME, Martín Esparza, declaró “inconstitucional” la toma de poder de Calderón y prometió luchar contra la liquidación de la empresa y del contrato sindical. En una entrevista conjunta en MSVRadio, habló junto al candidato sindical derrotado, Alejandro Muñoz, en la que ambos declararon causa común para luchar contra la medida antisindical de la administración.
El sindicato dejó claro al público que cualquier interrupción en los servicios sería culpa del despido de electricistas sindicales capacitados. El país ha informado de algunos cortes de energía, aunque hasta ahora el servicio se mantiene en general. Los portavoces del gobierno han intentado culpar al sindicato de cualquier interrupción de los servicios, afirmando que esperaba actos de “sabotaje”. El sindicato negó rotundamente tener intención de interrumpir los servicios.
Ha habido manifestaciones constantes desde la toma de poder a media noche del sábado. La marcha del domingo atrajo a miles de manifestantes, coreando consignas contra la administración de Calderón y en defensa de los derechos de los trabajadores. Un trabajador le dijo a este observador que aunque esperaban una batalla larga, los trabajadores no se rendirían y ya habían recibido el apoyo de otros sindicatos mexicanos y del público.
Un volante distribuido en la manifestación del domingo, que bloqueó las principales calles del centro de la ciudad, señala: “El gobierno federal, a través de Javier Lozano Alarcón, jefe de la Secretaría de Trabajo, ha decidido declarar la guerra a los trabajadores mexicanos y especialmente al Sindicato Mexicano de Trabajadores Eléctricos. ante su absoluto incumplimiento de las promesas de campaña de Felipe Calderón Hinojosa”.
Afirma que Calderón llegó al poder prometiendo empleo y que hasta ahora en su mandato se han perdido 1,200,000 puestos de trabajo y los salarios reales se han desplomado. “Lo que está en el fondo [de estas leyes] es el intento de liquidar LFC, de privatizar la industria eléctrica”. El gobierno quiere desde hace tiempo privatizar la empresa estatal en el marco de la tercera generación de reformas estructurales dictadas por el Banco Mundial y dado que las redes de fibra óptica son codiciadas por poderosos grupos económicos del sector privado aliados con la administración.
El sindicato tenía previsto presentar pruebas de violaciones contractuales en la reunión del lunes y presentar una denuncia ante los tribunales, que según la legislación mexicana es el paso previo a declarar una huelga. La toma de control de las instalaciones por parte de la administración y el plan de liquidar toda la empresa fue una medida preventiva para negar a los trabajadores el derecho a defender sus derechos laborales mediante la huelga si fuera necesario. Se enviaron seis mil policías y agentes de seguridad para controlar las instalaciones. Ha habido informes de escaramuzas menores.
Luis Hernández Navarro de La Jornada escribe que el SME es el sindicato más antiguo del país, fundado en 1914. Internamente, el sindicato tiene una estructura que combina asambleas y elecciones frecuentes con referendos y mantiene una participación real de las bases. Hernández concluye: “El ataque policial y militar a los trabajadores eléctricos es un grave retroceso en la vida democrática del país. Provoca un cortocircuito importante. Establece un terrible precedente. Intenta resolver un conflicto creado por el propio gobierno mediante la violencia y nos retrotrae a las etapas más oscuras del autoritarismo. Tres años después de su administración, la debilidad de Felipe Calderón es grave. Su último movimiento contra los trabajadores lo profundizará aún más”.
El decreto para liquidar la LFC liquida efectivamente uno de los sindicatos más activos y democráticos del país en un momento en que la defensa de los derechos de los trabajadores es crucial.
El gobierno ha dicho que no privatizará la empresa estatal, pero Esparza reveló que dos exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, formaron una empresa privada para utilizar la red de fibra óptica LFC, financiada con fondos públicos, para servicios de Internet y voz, llamada Comunicaciones WL. Esparza informa que los empresarios ya han negociado descuentos y subsidios gubernamentales para la lucrativa empresa. El patrón es familiar: la mayoría de los multimillonarios de México hicieron sus fortunas iniciales con privatizaciones estatales bajo términos escandalosos durante la administración de Salinas.
El sindicato está apelando al Congreso y a los tribunales para que declaren inconstitucional la toma de control de LFC. Durante toda la semana se llevarán a cabo grandes manifestaciones. Organizaciones laborales de todo el mundo han emitido declaraciones de protesta contra la acción antisindical de Calderón y en apoyo al SME.
Nota a los lectores: El Programa de las Américas seguirá cubriendo este importante evento en la historia de México. No anticipamos una interrupción de los servicios, pero cuando se reemplaza toda una fuerza laboral capacitada de la noche a la mañana, pueden surgir problemas. Recibimos nuestro poder de LFC. Si no tiene noticias nuestras es porque hemos experimentado un problema y buscaremos otros medios de comunicación.
Se pueden enviar cartas a:
El presidente Felipe Calderón en [email protected]
Sindicato Mexicano de Trabajadores Eléctricos (SME) [email protected]
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