Brasil atraviesa una grave crisis económica, política, social y ambiental. Muchos factores han contribuido al surgimiento de esta crisis, principalmente la subordinación de nuestra economía a las finanzas y al capital internacional que roban a toda la sociedad.
El golpe de 2016 [que supuso el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff] fue un intento de la burguesía de salvarse de la crisis colocando su peso sobre la clase trabajadora. Para ello utilizó su poder mediático, judicial y parlamentario. El plan era robar recursos públicos, quitar derechos, subordinar completamente al país a los intereses internacionales, entregar recursos naturales como petróleo, minerales y agua y empresas como Petrobras, Electrobras y Embraer [empresas del sector petrolero, energético y aeronáutico].
Comenzaron a hacer el trabajo sucio contra el pueblo de la manera más rápida y astuta posible. Y cuál fue el resultado? La crisis económica empeoró. La crisis social alcanzó niveles de barbarie, con 66 millones de trabajadores al margen de la economía y las seis familias más ricas ganando más de 104 millones de brasileños. La crisis política también ha empeorado: la popularidad del gobierno golpista se ha hundido a niveles históricos. ¡Y nadie cree en los políticos!
La lógica imperante en el poder judicial ha revertido el principio constitucional: ahora todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. La idea de “no tenemos pruebas, pero tenemos convicción” ha adquirido rango de ley.
Mientras miles de investigadores corren el riesgo de perder sus becas, jueces como Sergio Moro utilizan recursos públicos, recibiendo ayudas habitacionales mientras viven en su propia casa, además de otros privilegios inaceptables pagados por el pueblo.
El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, junto con las 80 organizaciones que integran el Frente Brasil Popular, cree que el país necesita un nuevo proyecto de desarrollo para el pueblo que mantenga su soberanía. Una mayor subordinación, sumisión y explotación del pueblo no será una salida para Brasil.
El pueblo ha expresado a través de varias encuestas su confianza en la alternativa electoral que es Luiz Inácio Lula da Silva. Esto se debe tanto a su trayectoria y representatividad, como también a la solidaridad que el pueblo siente con él debido a la actual persecución en su contra por parte de los medios de comunicación y del poder judicial, que tiene como objetivo obstruir la posibilidad de una salida para el pueblo a la crisis.
Si Lula no es candidato, las elecciones serán fraudulentas ya que impedirán a un amplio sector del pueblo su derecho a elegir a quién quieren para la presidencia. Y la crisis empeorará y tendremos cuatro años más de conflicto, violencia y agravamiento de las desigualdades sociales.
Para construir un nuevo proyecto de país para nosotros, con reformas estructurales en la esfera política, judicial y en nuestros medios de comunicación y economía, es necesario garantizar la participación de Lula en las elecciones.
Por eso los miembros de los movimientos populares están en huelga de hambre indefinida desde el 31 de julio. El pasado viernes 10 de agosto hubo una movilización nacional de los trabajadores, convocada por todas las centrales sindicales. Los movimientos rurales participan de una marcha nacional hacia Brasilia y llegarán a la capital el miércoles 15 de agosto, cuando se registrará la candidatura de Lula.
Esperamos que el poder judicial recuerde que por encima de sus vanidades e intereses, existe una constitución que ya ha sido violada y subvaluada en los últimos años; que los jueces se sometan a la voluntad del pueblo y a la Carta Magna, y no a los intereses de la Rede Globo [el conglomerado mediático] o al proyecto golpista del gran capital.
João Pedro Stedile es un eeconomista y coordinador nacional del MST y del Frente Brasil Popular.
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