El pasado 26 de noviembre los habitantes de la provincia argentina de Chubut, en la Patagonia, fueron testigos de una nueva muestra de los límites de la democracia a la hora de afectar los intereses de las empresas transnacionales. Esa provincia está a la vanguardia de la lucha contra la megaminería desde 2003, cuando Esquel, ubicada en uno de los parajes más bellos de los Andes, se convirtió en la primera ciudad argentina en aprobar una resolución que rechazaba nuevos proyectos mineros. Unos años antes, la transnacional canadiense Meridian Gold había localizado una zona rica en oro a unos diez kilómetros de la ciudad, que prometía jugosas ganancias. Como suele suceder, el proyecto y las negociaciones con las autoridades locales y provinciales avanzaron en secreto, hasta que una de las comunidades del mapuche La gente informó que la empresa estaba trabajando en sus tierras ancestrales sin su consentimiento. Luego de esa denuncia, en octubre de 2002 los vecinos de Esquel comenzaron a autoorganizarse. Haciéndose eco del movimiento de asambleas que se había multiplicado en el país como parte de la rebelión de 2001, una Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, participativa y no jerárquica, se convirtió en su principal estructura organizativa. .
Tras una campaña exitosa y manifestaciones masivas, el ayuntamiento acordó convocar una consulta popular. Contra los políticos de los principales partidos políticos, que hicieron campaña a favor de Meridian Gold, y a pesar de varios casos de intimidación de activistas antiminería, el resultado de la consulta, celebrada en marzo de 2003, fue abrumador. El 81% de los ciudadanos de Esquel decidieron que estaban bien sin una empresa que destruyera sus montañas y envenenara sus aguas. Poco después, otras ciudades más pequeñas de la zona, incluidas Trevelín, Lago Puelo y Epuyén, organizaron sus propias consultas y decidieron prohibir la megaminería. También surgieron asambleas antiminería en ciudades de la costa atlántica de las provincias patagónicas y de la región norte andina y de otras provincias, que se agruparon en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un organismo ambientalista y Coalición antiminera. Como resultado de estas primeras luchas, en 2003 la provincia de Chubut aprobó una ley que prohibía algunos tipos de megaminería. A pesar de esto, las corporaciones transnacionales continuaron explorando el territorio en busca de nuevas fuentes prometedoras de beneficios e invirtiendo toneladas de dinero en la promoción de sus proyectos en la zona, que de alguna manera siempre parecen encontrar gobernadores entusiastas.
En este escenario, la reunión de junio de 2013 de la UAC, que se celebró en la ciudad más grande de Chubut en el Atlántico (Comodoro Rivadavia), decidió hacer campaña a favor de una consulta popular en toda la provincia, prohibiendo definitivamente todo tipo de megaproyectos mineros. La constitución de la provincia, enmendada hace veinte años, incluye mecanismos de democracia semidirecta. Si una iniciativa ciudadana logra obtener el apoyo del 3% de los votantes, entonces el congreso provincial se ve obligado a discutirla (después de lo cual, por supuesto, puede aprobarla o desestimarla formalmente). Así, la UAC se dirigió a las ciudades, pueblos y aldeas de la provincia para recoger firmas para la nueva ley. Después de unos meses, de haber encontrado un apoyo popular masivo, superaron el mínimo del 3% y en abril pasado presentaron formalmente la ley al Congreso. Fue la primera vez que se utilizó este derecho constitucional en la provincia.
El proyecto de ley debía ser tratado el 26 de noviembre. Por supuesto, los activistas contra la minería sabían muy bien que los congresistas podían votar en contra. De hecho, el gobierno provincial –ahora en manos del peronista Martín Buzzi, aliado de la presidenta argentina Cristina Kirchner– tiene su propia mayoría en el Congreso y está muy a favor de la minería. Como se esperaba que el debate fuera largo y acalorado, los activistas antiminería acamparon afuera del congreso. La severa represión policial que enfrentaron fue una indicación de que las cosas no iban a ir bien para ellos.
Lo que sucedió al final fue incluso peor que el peor escenario que habían imaginado. El congreso provincial no rechazó el proyecto de ley. En cambio, en una ajustada votación de 15/12, los congresistas de la mayoría aprovecharon la oportunidad para aprobar otra ley, totalmente diferente a la propuesta por los activistas, que no se conocía previamente ni se estaba considerando. Básicamente, el nuevo proyecto de ley suspende los nuevos proyectos mineros durante cuatro meses, durante los cuales el gobierno provincial tiene el mandato de facilitar un amplio debate sobre un tema que –se argumentó– todavía necesita una consideración “seria” (incluso si la provincia lo ha estado discutiendo intensamente). desde 2002). Una vez transcurridos los cuatro meses de debates, el nuevo proyecto de ley instruye al gobernador a convocar a una consulta popular sobre minería y considerar su resultado como obligatorio. Esto sonaría como una buena noticia para los activistas anti-minería, quienes tuvieron la idea de hacerlo en primer lugar. Pero el complicado proyecto de ley que se aprobó exigía que la consulta popular no se hiciera en toda la provincia, sino dividiéndola en “zonas”, de modo que si una zona quiere tener minas puede tenerlas, mientras que las regiones que se oponen, no . Esa fue precisamente la estrategia de las corporaciones mineras para la provincia. Dado que algunas zonas –como Esquel y otros pueblos andinos– se consideran (por el momento) perdidas, la mejor manera de abordar la resistencia popular es intentarlo en otras. El nuevo proyecto de ley no sólo permite eso, sino que de hecho también anula la validez de la ley provincial de 2003 que había prohibido parcialmente algunos tipos de megaminería. Es el sueño perfecto para las empresas.
De hecho, en los últimos años tanto el gobernador como los empresarios han estado presionando juntos para promover proyectos mineros de plata, uranio y plomo en la meseta central de la provincia, un área de pequeñas aldeas dispersas y empobrecidas donde las corporaciones transnacionales han estado dirigiendo “empresas corporativas”. iniciativas de responsabilidad social” durante una década, con la esperanza de ganarse los corazones y las mentes de los habitantes. No es seguro, pero sí muy posible, que la combinación de este tipo de soborno y las formas de intimidación ya utilizadas en las ciudades andinas puedan lograr algunas victorias locales para los pro mineros. Y aunque pueda parecer “democrático” dejar que cada comunidad elija, en realidad no lo es. Como han argumentado los activistas, los cursos de agua provinciales atraviesan la meseta central. Cualquier contaminación allí afectará a toda la provincia. Si las corporaciones se salen con la suya, significaría que un pueblo de 300 habitantes tendrá derecho a decidir sobre el agua que utilizan 200.000.
Como si este movimiento político no fuera lo suficientemente escandaloso, el congresista peronista Gustavo Muñiz, que votó en contra de la iniciativa popular y a favor de la nueva ley inesperada, quedó atrapado en una fotografía bastante exasperante tomada durante la sesión. Mientras se debatía el proyecto de ley, la foto lo muestra conversando por su teléfono móvil con Gastón Berardi, director ejecutivo local de la minera canadiense Yamana Gold. La imagen es lo suficientemente clara como para leer lo que decían. Mientras Berardi indicaba un cambio necesario en el artículo cuarto del nuevo proyecto de ley para aclarar la “zonificación”, el congresista respondió que no debía preocuparse ya que el gobernador lo interpretaría correctamente una vez implementado. La fotografía se volvió inmediatamente viral en todo el país, obligando a los principales periódicos nacionales –inicialmente poco proclives a informar sobre este asunto– a publicar historias al respecto. Muñiz tuvo que admitir públicamente que estaba recibiendo “sugerencias” de una empresa en el mismo momento en que se debatía una ley en el Congreso. (Parece haber estado menos interesado en charlar con activistas o gente normal.) No es de extrañar que los portavoces de los movimientos antimineros denunciaran que, en Chubut, los congresistas responden ante las corporaciones extranjeras y no ante el pueblo.
Mientras tanto, como informó el periodista Darío Aranda, el presidente de la Cámara Minera de Chubut, Néstor Álvarez, declaró estar contento con la nueva ley, que para él “abre una nueva perspectiva” para el avance de la minería en la provincia. .
A medida que se desarrolla esta historia, parece que aún no se escuchó la última palabra. Los movimientos antimineros en la provincia son fuertes y decididos y no sería sorprendente que el escándalo regrese como una reacción contra el partido ganador. Varias voces, entre ellas la Iglesia Católica y La Cámpora –la rama juvenil de los kirchneristas– ya han exigido un veto del gobierno contra la nueva ley. Esquel, Rawson y otras ciudades provinciales ya han organizado manifestaciones masivas contra los políticos y su comportamiento corrupto. Los activistas ya lo sabían, pero la incómoda foto de Muñiz lo dejó claramente claro para todos los demás en el país. Las corporaciones representan una seria amenaza no sólo para el medio ambiente, sino también para la democracia.